El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena renunció ayer a la extradición del president exiliado Carles Puigdemont para que sea juzgado solo por el delito de malversación de fondos públicos. Además, dejó sin efecto las órdenes de detención y entrega internacional contra Puigdemont y el resto de políticos catalanes en el exilio, manteniendo solamente las órdenes de detención dictadas para el Estado español.

El juez firmó un auto lleno de reproches hacia la actuación de los tribunales alemán y belga que, no solo muestra el empecinamiento en la propia causa, sino también la prepotencia. Evidencia asimismo la absoluta falta de dotes diplomáticas de la judicatura española, de las que sí hizo gala el tribunal alemán, que trató de evitar el ridículo de sus colegas españoles; pero estos se empeñan en subrayar sus malas artes y su soledad frente a Europa, en una clara muestra de renacido espíritu numantino. Por otra parte, Llarena reconoce en su auto que el tribunal alemán «deteriora indebidamente» la causa que ha instruido, es decir, reconoce que deja en evidencia que el sumario carece de fundamentos jurídicos. A pesar de ello, el juez lo mantiene contra el resto de procesados con el solo objeto de continuar la estrategia de castigo al independentismo catalán, reafirmando de este modo el carácter político del proceso, renunciando a impartir justicia y convirtiéndose él mismo en el brazo ejecutor del castigo. De esta forma, Llarena viene a dar la razón a las denuncia internacionales de falta de independencia judicial en el Estado español.

El auto de Llarena permite a los exiliados recuperar la libertad de movimientos y otorga al independentismo catalán una importante victoria en el arena internacional. Evidencia el carácter político del proceso y la urgencia en liberar a los dirigentes encarcelados. No obstante, las victorias internacionales de poco sirven si no existe una estrategia clara en el seno del independentismo. Mucho menos con el Estado enrocado en la represión.