La reforma del Amejoramiento del Fuero de Nafarroa está cada vez más cerca. Ha sido una sentencia del Supremo la que ha llevado a la lehendakari María Chivite a optar por su renovación después de que el alto tribunal español anulase el Real Decreto 252/2023 por el que se traspasó la competencia exclusiva de Tráfico, con lo que quedaba en manos de la Policía Foral y no de modo compartido con la Guardia Civil. Los magistrados han dado la razón a la asociación policial ultra Jucil frente al dictamen del Gobierno español y del navarro.

El Supremo enmienda otras resoluciones de 2018 del propio tribunal que determinaron que la regulación del Tráfico era una competencia histórica navarra. La reforma del Amejoramiento o una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución son las vías que deja abiertas para que Nafarroa pueda asumir las competencias que ha anulado, al considerar que no pueden traspasarse por vía de un real decreto.

Desde el 15 de marzo de 1982, cuando el Parlamento de Iruñea aprobó el Amejoramiento sin refrendo ciudadano –al igual que Ceuta y Melilla–, y tras una negociación entre las élites, dos reformas se han efectuado pero no han sido por cuestiones tan directamente relacionadas con la soberanía. En 2001 se suprimió el «procedimiento automático» de elección del presidente del Gobierno navarro, y en 2010 se introdujo la regulación de instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía Superior de Nafarroa, modificando veinte artículos en total.

Según se recoge en la edición del día siguiente de 'Egin', los partidarios de la ley hicieron hincapié en que el Amejoramiento  era un pacto

Hace 42 años, el Parlamento refrendó con 49 votos a favor de UCD, UPN, PSOE y Mariano Zufia, del Partido Carlista, la Ley Orgánica de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), que contó con el rechazo de los 5 votos de PNV y EE. Se registraron 16 ausencias, nueve de ellas de HB y cinco de Amaiur, además de las de Jesús Casajús y Jesús Ezponda, del Grupo Mixto. La representación abertzale, en un sistema entonces todavía organizado en merindades, había sido excluida de la negociación con Madrid.

Según se recogió en la edición del día siguiente de 'Egin', los partidarios de la ley hicieron hincapié en que el Amejoramiento era un pacto y la jornada de su aprobación parlamentaria era un día histórico para Nafarroa. Quienes se opusieron significaron que suponía la liquidación de los fueros, además de lamentar que era un estatuto de autonomía más.

En aquel proceso estatutario acordado con Madrid destacó el papel que jugó Juan Manuel Arza, presidente navarro antes y después del Amejoramiento (1980-1984). El lizartarra accedió al cargo al tener que dimitir Jaime Ignacio del Burgo, ambos en las filas de UCD.

Arza participó en la negociación con el presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez. En aquel proceso se excluyó a los dos diputados abertzales (entre un total de siete): Angel García de Dios, de Herri Batasuna, nombrado en la merindad de Iruñea, y Jesús Bueno Asín, de Orhi Mendi, representante de la de Agoitz-Zangoza. Únicamente diputados de UCD, AP y PSOE se sentaron en la mesa.

«Especificidad navarra»

La segunda «peculiaridad», mantenida hasta ahora, ha sido la negativa a someter ese estatuto al refrendo popular «por si acaso». UPN ha llegado a argumentar, al ser cuestionada esa anomalía, que es una «especificidad navarra».

En unas jornadas promovidas por el Parlamento navarro hace dos años, al cumplirse el 40º aniversario del Amejoramiento, su presidente, Unai Hualde, declaró que la efemérides se debería aprovechar para «formular propuestas de reforma a partir de un riguroso balance sujeto al contexto histórico y los antecedentes jurídicos». Poco tiempo después, en una sesión de trabajo de la comisión de Régimen Foral, la plataforma Navarra XXI pidió que en la futura reforma participe directamente la sociedad navarra.

Esta última sentencia del TS, según ha apuntado Ramón Sola en un análisis, debilita en el fondo los argumentos de los autonomistas clásicos, porque delata que el Estatuto y el Amejoramiento no garantizan blindaje ni siquiera a las competencias más o menos reconocidas.

La segunda «peculiaridad», mantenida hasta ahora, ha sido la negativa a someter ese estatuto al refrendo popular «por si acaso»

La reforma en profundidad por la que se va a optar conlleva un acuerdo en comisión entre las administraciones navarra y estatal, al que seguirá el dictamen del Consejo de Navarra y la aprobación en la Cámara foral –con mayoría simple– y en el Congreso de los Diputados –con mayoría absoluta–. UPN, después de su alegría indisimulada por el sabotaje del Supremo a la transferencia de Tráfico, insiste en la incongruencia de defender la competencia pero al mismo tiempo reclama que la Policía Foral la comparta con la Guardia Civil.

Antes de que se produjera esta «injerencia judicial», el 17 de noviembre se había constituido en el Parlamento navarro la ponencia para la actualización del Amejoramiento, que se iba a encargar de redactar en el plazo de seis meses un informe de cómo desarrollar las competencias forales y culminar los traspasos de las no transferidas.

La iniciativa para la creación de este grupo de trabajo fue presentada conjuntamente por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, a la que se opusieron UPN, PP y Vox. Antes de que se formalizase la constitución, Ramón Alzórriz, del PSN, advirtió que su partido se abría a iniciar el proceso, pero con el freno de mano echado. «En cuestiones institucionales, de símbolos o de lengua» no quieren cambios, manteniendo la bandera y el himno y abogando por «fomentar y promover» las lenguas «dentro de la realidad sociolingüística» y «en base a la voluntariedad».

En un pleno monográfico sobre el derecho a decidir que tuvo lugar en la Cámara navarra el 27 de noviembre de 2015, a instancia de las cuatro fuerzas del cambio (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E), se aprobó una resolución para «abrir un proceso participativo y parlamentario de reforma del Amejoramiento para definir el estatus político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de los derechos sociales, dándoles el mayor rango legal posible, haciéndolos efectivos en su cumplimiento y sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano».