Tras cenar en casa de unos amigos, el 15 de octubre de 1983, Joxean Lasa y Joxi Zabala quisieron alargar la noche acudiendo a fiestas de Arrangoitze. Pidieron prestado a sus anfitriones el coche que se comprometieron a devolver al día siguiente. Al no hacerlo, sus amigos empezaron a buscarlos. Localizaron el vehículo allí donde lo habían dejado aparcado.

Ese Renault 4L había sido estacionado en un lugar que la sentencia relativa al secuestro, tortura y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala define como «un solar».

En ese espacio urbano de la capital labortana hoy luce una remodelada plaza Patxa.

En uno de sus muros, los rostros de Joxi y Joxean comparten mural con el heletarra 'Popo' Larre. Y también con el retrato del último refugiado vasco desaparecido, Jon Anza.  Como ocurriera con los de los dos tolosarras, los restos de Anza durmieron el tiempo en una morgue.

La sentencia relativa al 'caso Lasa y Zabala' describe que el 16 de octubre de 1983 «sobre las 0.30 horas los vieron solos en la calle Tonneliers, dirigiéndose a un coche, que se encontrada aparcado en un solar cercano, les abordaron, lograron inmovilizarlos e introducirlos en los coches que llevaban» sus secuestradores, «cuya identidad –remarca el tribunal– no consta».

Pese a todos los esfuerzos de sus familias y de la propia comunidad de refugiados por encontrar indicios de su paradero, Joxi y Joxean nunca volverían a ser vistos con vida.

Sus cuerpos no fueron localizados hasta una década después, en un depósito de Alacant.

No estuvieron desaparecidos estrictamente hablando todo ese tiempo, sino más bien sin identificar.

De hecho, llevaban en esa morgue desde 1985 cuando se ordenó el traslado a ese depósito municipal de los restos que un labriego encontró un 20 de enero en la conocida como Fouya de Coves, un remoto paraje de la localidad de Busot (Alacant).

Un mes antes de que 'Egin' publicara ese 21 de marzo de 1995 la noticia que provocó una auténtica descarga, en lo social y en lo político en Euskal Herria, la acusación particular ejercida en nombre de las familias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española y la Policía Judicial de la Audiencia Provincial de Alicante habían dado ya los pasos necesarios de cara a verificar la identidad de unos cuerpos que nadie reclamó durante una larga década.

La sentencia remarca que las revelaciones aparecidas en prensa y «los comentarios de personas implicadas en otros procesos respecto a la utilización de cal viva para hacer desaparecer cadáveres» llevaron al policía Jesús García García a atar cabos y lanzar las gestiones para proceder a la identificación de los cadáveres.

El cuerpo de Joxean Lasa presentaba un solo impacto de bala en la cabeza, y a Joxi le dispararon dos veces, también en la cabeza. Los disparos les causaron la muerte de manera inmediata.

La llamada a una emisora alicantina

Localizados los cadáveres de los dos tolosarras, cuadrar las piezas fue cuestión de tiempo.

Había sido precisamente a través de una llamada a Radio Alicante como la persona que se identificó como miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) reivindicó el doble crimen para ese grupo armado directamente conectado al Ministerio de Interior.

Se trataba de asumir la que, a la postre, se consideraría la primera acción de la organización parapolicial que, siguiendo el surco dejado antes por otras siglas, practicó el terrorismo de Estado durante el mandato del presidente español Felipe González.

Esa persona llamó a las 16.15 del 20 de enero de 1984 a la citada emisora y leyó, con voz nerviosa, un comunicado de cuatro puntos. En uno de ellos detalló que la ejecución de los dos refugiados se había llevado a cabo «a las 3 de la tarde de hoy».

Los investigadores policiales no dieron crédito a esa declaración.

El shock generado por la aparición de los cuerpos, tras una década de zozobra para los suyos, dio paso a un torbellino de reacciones políticas y a revelaciones periodísticas que, desde el primer momento, apuntaron a la responsabilidad operativa del llamado «GAL verde».

La asunción de responsabilidades políticas y el reconocimiento, en consecuencia, a las familias sigue siendo, 41 años después, la gran asignatura pendiente del 'caso Lasa y Zabala'.

«Muertos en extrañas circunstancias»

El latiguillo «muerte en extrañas circunstancias» ha sido empleado de forma recurrente para señalar casos que implicaban a cuerpos policiales en la desaparición de militantes vascos.

A la localización de los cuerpos de Lasa y Zabala, un día como hoy de 1995 se sumaría, el 11 de marzo de 2010, el hallazgo en otra morgue del cadáver de Jon Anza.

El expreso había viajado a Toulouse para mantener un encuentro con miembros de ETA el 18 de abril de 2009. Nunca llegó a su cita.

Pese a los datos dados por la organización armada y a pesar de los carteles colocados por voluntarios en las estaciones de tren desde Baiona y hasta la ciudad occitana, ni en el hospital ni en la morgue de Toulouse se identificó a Anza.

Pese a su localización un año después, el de Anza sigue figurando en esa lista de «muertes en extrañas circunstancias» a la que cabe reportar otro caso en el que su entorno tampoco encontró las explicaciones precisas.

Justo tres años después de que se conociera a través de 'Egin' que se habían identificado los cadáveres Lasa y Zabala en Busot, concretamente el 21 de marzo de 1999, fue identificado el cadáver aparecido dos días antes en Errenteria.

Se trataba del cuerpo del militante de ETA José Luis Geresta.

Murió de un disparo en la cabeza. Según relataron testigos citados por GARA, su cuerpo presentaba rasguños y arañazos. Le habían extraído además dos piezas dentales.

Aunque casi de inmediato la Ertzaintza apuntaló la tesis del suicidio, Herri Batasuna vinculó la muerte del vecino de Zizurkil con «los aparatos del Estado».

En días anteriores este periódico se había hecho eco de informaciones que daban a entender que «Geresta había sido detectado por fuerzas policiales».

«Muerte en extrañas circunstancias» fue el titular elegido por GARA para encabezar el editorial en el que reclamaba que se hiciera la luz sobre otra muerte en la penumbra.

Ello no impidió que la denuncia presentada por la familia Geresta fuera archivada un año más tarde.