El 18 de mayo de 2006, Jon Artola, Ernesto Alberdi, Axun Gorrotxategi, Asier Arronategi, Félix García y Joseba Urkijo fueron introducidos en un avión militar en México después de que el 6 de abril la Suprema Corte de Justicia mexicana les denegara el amparo y diera luz verde a la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional española.

Todos ellos fueron detenidos en diferentes localidades mexicanas el 18 de julio 2003. Ese día también fueron detenidos los mexicanos Noé Caramillo, Pedro Ulises Castro y María Pilar Sosa. El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón les acusaba de «pertenencia a banda armada», «recaudación defondos con fines terroristas», «blanqueo de dinero» y «tenencia de documentación ilegal».

En Euskal Herria, concretamente en Forua, fue detenido Mikel Arronategi, padre de Asier, quien el 21 de julio quedaría en libertad tras abonar una fianza de 70.000 euros. Garzón le imputaba «integración en organización terrorista», «allegamiento de fondos» y «blanqueo de capitales».

Repercusión política

Tanto la detención de los seis ciudadanos vascos como el largo proceso de extradición tuvo una fuerte repercusión política en México, país con una amplia tradición de asilo político y generó una amplia ola de solidaridad en el país azteca.

Entre las visitas que recibieron en prisión destaca la de Rosario Ibarra, excandidata a la Presidencia de México y referente en la defensa de los derechos humanos.

Reflejo del malestar que causaron estas detenciones en parte la clase política mexicana es el artículo de opinión publicado en el rotativo 'La Jornada' de Gustavo Iruegas, exvicencaciller del Ejecutivo de Vicente Fox entre 2001 y 2002.

En él subrayaba que «la huelga de hambre es un dramático alegato de quien se siente perseguido hasta ultramar por un Estado que pretende castigar en ellos delitos menores y que, sin embargo, merecen la insólita visita de un juez de fama mundial que, altanero y prepotente, intenta llegar hasta las mismas celdas en las que se encuentran los detenidos sin tomarse la molestia de buscar la autorización debida».

Iruegas se refería a Garzón, quien, junto al fiscal Enrique Molina, fue expulsado del Reclusorio Norte, adonde acudió con intención de interrogar sin autorización a los seis ciudadanos vascos.

«Hacer frente a dos gobiernos»

En una entrevista a GARA en junio de 2006, tras consumarse la extradición, la abogada Bárbara Zamora, quien también había asumido la defensa del exiliado vasco Lorenzo Llona en el proceso de extradición en su contra, reconocía que tuvieron que «hacer frente a dos gobiernos».

Así describía el caso: «Me sorprendió que, después de tantos años de haber vivido en México, llegaran acusaciones tan absurdas. Me pareció burdo y grotesco. Viendo la solicitud, hecha en términos simples e inconsistentes, confirmé que se trataba de una invención».

«Es evidente que nosotros no perdimos la discusión jurídica y que fueron ellos quienes perdieron. Es obvio que fue una decisión netamente política, y contra eso poco podemos hacer. Nos tuvimos que enfrentar a dos gobiernos; a todo el aparato judicial y policial del Gobierno mexicano, y al gubernativo español porque, en varias ocasiones, funcionarios españoles de alto nivel vinieron a México a presionar. Y cada vez que se iba a tomar una decisión, casualmente, Garzón estaba aquí».

Desde un inicio, denunció la existencia de «un cúmulo de irregularidades», entre ellas «la aceptación de un documento que solo tenía validez si lo firmaba la embajadora de España en México, pero que fue firmado por un representante comercial de este Gobierno».

Lamentaba que el entonces Gobierno de Vicente Fox se hubiera «sometido como un lacayo a los mandatos de la Corona española como si aún estuviéramos en tiempos de la colonia. Es indignante, inaceptable y escandaloso que haya aceptado esta actitud lacaya y que no le importe atropellar la Constitución y leyes mexicanas para complacer al Gobierno español».

«Quisimos acreditar que llevaban años residiendo y trabajando legalmente en México, y que su estancia era conocida por las autoridades mexicanas. Nos dijeron que para obtener los expedientes, ellos personalmente tenían que ir a pedirlos o, en su defecto, firmarnos un poder notarial. ¿Cómo iban a ir estando en prisión? Tampoco había un notario que quisiera hacer el trámite en la cárcel. Nos pusieron un montón de piedras en el camino. Sin embargo, obtuvimos otras muchas pruebas documentales de las empresas donde trabajaban, que acreditaban la licitud de sus ingresos. Rechazando estas pruebas que desvirtuaban las afirmaciones del juez Baltasar Garzón, les restringieron su derecho a la defensa. Ya he perdido la cuenta de todos los amparos que presentamos», subrayó la letrada en aquella entrevista.

Entrevista desde prisión

Fueron numerosas las veces que desde prisión Arronategi, Artola, Urkijo, Alberdi, García y Gorrotxategi se pusieron en contacto telefónico con GARA para informar sobre la evolución del  proceso de extradición. La primera entrevista fue en setiembre de 2003, tan solo mes y medio después de su detención.

En ella denunciaban que «todo había sido un gran show mediático carente de sentido». «Todavía estamos sorprendidos de cómo fue nuestra detención. Cada uno de nosotros vivía a unos 800 kilómetros alejados entre sí y somos de los pocos que quedan aquí que tenemos papeles, y existía una relación laboral que nos permitía residir en este país», relataba Artola.