«Quince personas muertas y treinta y ocho heridas es el balance provisional de víctimas tras la explosión ayer de un coche-bomba en el centro comercial Hipercor, en la avenida Meridiana de Barcelona. Según datos del Gobierno Civil, la explosión procedió de un Ford Sierra robado en Donostia que se encontraba aparcado en el primer sótano-aparcamiento del centro comercial. A la fuerte explosión siguió un pequeño incendio que se propagó rápidamente a los vehículos contiguos, lo que provocó una intensa humareda cuya inhalación fue causa de los fallecimientos. En el establecimiento, propiedad de El Corte Inglés, se sucedieron las escenas de pánico mientras el acordonamiento de la zona por la Policía provocaba el caos circulatorio en el centro de la ciudad. Fuentes hospitalarias señalaron que entre los fallecidos había dos niños y una mujer, y que dieciocho heridos se encontraban en grave estado».

«La explosión tuvo lugar a las 16.12 de la tarde. Previamente, hacia las 15 horas, se recibió una llamada en el hipermercado advirtiendo de la colocación de una bomba, extremo que posteriormente fue negado por un directivo del establecimiento, si bien a las 15.15 se observó un anormal despliegue de guardas jurados a quienes se sumaron agentes policiales uniformados y de paisano, según testigos presenciales. A las 15.25, la misma advertencia era hecha a la Guardia Urbana e, inmediatamente, al diario 'Avui', cuyo director aseguró que el comunicante habló en nombre de ETA, anunció la explosión para las 15.30 e informó de las dos llamadas anteriores. Desde la redacción de 'Avui' se pasó la advertencia a los Mossos d'Esquadra, que lo notificaron a la Policía Gubernativa».

Los párrafos reproducidos son de 'Egin' del día siguiente a la explosión de Hipercor, acompañaban a un titular aséptico pero tremendo a cinco columnas: «Quince muertos a causa de la explosión de un coche-bomba en un hipermercado de Barcelona». Días después, el número de fallecidos ascendería hasta los 21. ETA buscaba una acción de envergadura con daños materiales, pero se encontró con la mayor muerte de civiles de su historia. Aquel atentado generó una consternación pocas veces vista.

Un tercer párrafo de aquella portada de 1987 incidía en que «la mayor parte de los partidos políticos y personalidades gubernamentales condenaron el atentado». Casi todas las miradas, la de los políticos y los periodistas, se centraron en lo que podría decir Herri Batasuna. Así, Euskadiko Ezkerra decía que «el atentado desenmascara, una vez más, a sus autores y a quienes directa o indirectamente los apoyan», y el diario 'El Pais' afirmaba que «no resulta posible seguir ignorando el sentido de la cobertura ideológica y política que HB viene prestando a ETA».

HB muestra su «enérgica crítica» y ETA habla de «grave error»

HB habló el 20 de junio y lo hizo para mostrar su «más enérgica crítica a este tipo de atentados que conllevan un alto riesgo para la población civil».

En un comunicado difundido el 22 de junio, ETA asumió lo ocurrido con estas palabras: «Queremos testimoniar nuestro pesar a todo el pueblo catalán y a los familiares y allegados de las víctimas inocentes en particular. Hacemos nuestra la sincera censura del pueblo trabajador vasco y catalán, aceptando sin descargos la gran responsabilidad que nos corresponde por este luctuoso suceso, y reconociendo de modo acorde a nuestra trayectoria de honestidad revolucionaria el grave error cometido en el desarrollo de la operación. Deseamos expresar asimismo nuestra inequívoca solidaridad con el pueblo de Catalunya y todos los pueblos del Estado. No nos resta más que asegurar que pondremos todos los medios a nuestro alcance para garantizar la selectividad de nuestras acciones y que hechos como éste no vuelvan a reproducirse, y que el tiempo y el avance de nuestro proceso ayude a situar este desgraciado accidente y el irreparable daño causado, que empaña la nitidez de nuestras luchas de liberación nacional y las tradicionalmente solidarias relaciones, en su justo lugar».

Tanto HB como ETA dedicaban una segunda parte de sus respectivos comunicados a acusar tanto a Hipercor como a las Fuerzas de Seguridad de no haber desalojado el centro comercial. HB denunció «la actitud intencionadamente irresponsable de la dirección de la empresa comercial y de la Policía que, conocedores con una hora de antelación de la existencia del coche-bomba, provocaron con su silencio una tragedia evitable con objeto de utilizarla propagandísticamente».

ETA, por su parte, decía que «el Estado opresor español debe arrastrar la responsabilidad concreta de no haber desalojado prontamente el edificio, a pesar de contar con un plazo suficientemente largo, buscando, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la muerte de personas inocentes para posteriormente instrumentalizar la repulsa popular en el marco de sus planes contra-insurgentes frente a nuestra lucha de liberación nacional».

La consternación generada por el atentado dejó en un segundo plano el tema de los reiterados avisos de ETA, aunque familiares de los heridos pidieron explicaciones desde el minuto uno. El comunicado de ETA compartía página con este titular de apertura el 22 de junio de 1987: «Familiares de los heridos piden explicaciones a autoridades e Hipercor».

Entrevistado para Artefaktua, Robert Manrique, que ejerció de portavoz de las víctimas, relata lo complicado que fue reclamarle al Estado su responsabilidad.

Justificación de Barrionuevo y condena al Estado

Días después sería el ministro español de Interior José Barrionuevo quien justificaría la reacción policial en el Congreso español. Dijo que sí hubo una llamada a la empresa a las 15.20, extremo que habían negado los responsables de Hipercor, y que hubo una orden del servicio de emergencias de que «se realizase una minuciosa inspección ocular». Afirmó el ministro posteriormente condenado por los GAL que «todas las personas que intervinieron lo hicieron de una manera racional, menos los terroristas que pusieron la bomba». Justificó el no desalojo del supermercado afirmando que en los diecinueve días de junio que habían pasado había habido en Barcelona 113 amenazas de bomba.

Siete años después del atentado de Hipercor, la Audiencia Nacional española dictaminó que las Fuerzas de Seguridad del Estado no tuvieron la «reacción exigible» que pudo haber evitado las víctimas.