Los derechos no llegan de golpe. El 22 de junio de 1981 el Estado español volvió a aprobar una nueva Ley del Divorcio. Hacía décadas que no existía una normativa de ese tipo. Pasarían otros 24 años hasta llegar al divorcio libre.

La derecha española no ahorró en argumentos grandilocuentes para evitar este nuevo avance en materia de derechos. «Vulnera el acuerdo sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede y no es respetuoso con la protección de la familia», argumentó la denominada Coalición Democrática del exministro franquista Manuel Fraga; «va a suponer un cambio trascendental para la sociedad española (…) haciendo disolubles los más de doce millones de matrimonios legalmente celebrados como indisolubles que hay en España».

Las trabas de la Iglesia y la derecha española fueron la principal denuncia de las movilizaciones feministas que impulsaron la nueva Ley de Divorcio. La Asociación Democrática de la Mujer fue una de las máximas exponentes de estas protestas. Creada en marzo de 1976 en Madrid, ese mismo año se presentó en Nafarroa. En pleno debate constitucional exigió una Ley de Divorcio. Su demanda no fue atendida, por lo que tocaba seguir empujando.

La Asociación de Mujeres Separadas de Gipuzkoa organizó en 1977 unas jornadas centradas en denunciar las dificultades a las que debían hacer frente quienes deseaban romper el contrato matrimonial. «La única causa por la que se concede la separación actualmente de forma perpetua es el adulterio. Es una forma caduca y debe desaparecer», según se lee en la edición de 'Egin' del 13 de diciembre de 1977.

En aquella cita también se dibujó cuál era la situación del Estado español en términos comparativos: «El 98% de los habitantes del mundo disponen legislación sobre el divorcio (…) en la mayoría de ellos se concede por delito de adulterio de una de las partes, aunque en Bélgica no se considera, si es la mujer la adúltera. En Francia también se necesita un culpable. Solamente en Holanda hay una ley realmente progresista, pues se concede a petición de una de las partes. En Italia, las causas son escasas y muy gravosas para los cónyuges. En cuanto a Rusia, que ha tenido varias legislaciones después de la revolución, durante el primer periodo bastaba para casarse con sacar una tarjeta en el registro civil».

Faltaban cuatro años para la nueva Ley del Divorcio, pero el debate estaba en la calle. En las jornadas de Donostia afirmaron que «la Ley de Divorcio de 1932 era una ley progresista y podría ser un modelo para la Ley de Divorcio actual». Se referían a la ley aprobada en plena República, abolida tras el golpe fascista del 36.

La reivindicación de un divorcio justo fue una de las protagonistas de las manifestaciones del 8 de marzo de 1980. «Por un divorcio que no discrimine a la mujer», se leía en una de las pancartas portadas por las activistas feministas.

Un año después, pocos días antes de que el Congreso español iniciara los tramites para la nueva ley, las protestas van a más: «… unas doscientas mujeres protagonizaron un encierro durante toda la noche del sábado en la Catedral de Santiago de Bilbo en exigencia de una Ley de Divorcio que no discrimine a la mujer. A raíz de las provocaciones e insultos recibidos por parte de algunas personas que habían terminado de oír la misa y se opusieron a que las mujeres se encerraran, la Asamblea de Mujeres de Bizkaia ha elaborado un comunicado en el que denuncia 'la actitud agresiva' de estas personas y que, 'a pesar de esta actitud provocadora, nos mantuvimos en el encierro en la Catedral, por considerarla el lugar más idóneo para manifestar nuestra repulsa ante las injerencias de la Iglesia en cuestiones civiles como el divorcio'» ('Egin', 10/031981).

«Finalizada la sesión secreta del pleno del Congreso sobre el golpe del 23 de febrero, comenzó ayer el debate en pleno sobre el Proyecto de Ley de Divorcio» ('Egin', 18/03/1981). En marzo de 1981, el Congreso español inició el trámite de la propuesta defendida por el ejecutivo de UCD. Una resolución de este partido ya avanzaba los principales escollos de esta nueva ley: «la presunción del consentimiento» y «los compromisos contraídos por el Estado español», en referencia a los acuerdos con la Iglesia Católica. El nuncio del Papa en el Estado español solicitó al Gobierno nada más comenzar el debate «crear una mesa negociadora permanente» entre ambas entidades para «vigilar el cumplimiento de los acuerdos».

El ministro español de Justicia Fernández Ordoñez defendió el proyecto: «Está claro que el divorcio aparece hoy en España como un debate tardío». Sin embargo, la nueva ley nacería con importantes rémoras: «Nuestra filosofía es que no basta el simple acuerdo de las partes para disolver el matrimonio».

Después de siete enmiendas a la totalidad y largos debates en el Congreso y el Senado, el texto volvió a la Cámara baja con un último debate abierto, el de la denominada «cláusula de dureza». Así decía este punto: «… el juez, a petición del otro cónyuge, podrá denegar el divorcio si se acredita que causa perjuicio de extraordinaria gravedad a los hijos menores o incapacitados o al cónyuge...». UCD quería una Ley de Divorcio, pero con importantes limitaciones como la planteada en este artículo. El PSOE forzó que la votación fuese secreta y la indisciplina de voto de varios diputados derechistas propició que la Ley de Divorcio de 1981 se aprobará sin esta cláusula.

Sin embargo, esta primera ley seguía siendo una carrera de obstáculos para quien aspirara a hacer uso de ella. El texto exigía demostrar que la reconciliación de la pareja no era posible tras un dilatado periodo de separación y argumentar el divorcio por «haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales».

La Ley de Divorcio salió adelante con los votos a favor de las fuerzas de izquierda (PSOE, PCE…), las nacionalistas (PNV, ERC…) y la parte socialdemócrata de la UCD. En contra votó el bloque principal de la UCD y la Coordinadora Democrática de Manuel Fraga. El divorcio libre, sin necesidad de alegar causa alguna, no sería regulado hasta el año 2005, con la reforma que impulsó el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Indultos al independentismo catalán (2021)

Los apoyos políticos al indulto otorgado por el Gobierno español al independentismo catalán serán similares, y las reticencias de la derecha, también. El Consejo de Ministros aprobó el 22 de junio de 2021 la medida de gracia aplicada a los nueve dirigentes independentistas catalanes encarcelados desde hacía tres años y medio. Permanecían en prisión por impulsar el referéndum de independencia que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.

El Tribunal Supremo español había encarcelado a los principales responsables políticos del proceso de independencia catalán: el ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Además, también habían sido condenados por sedición los presidentes de las entidades ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El presidente español Pedro Sánchez esgrimió la razón de «utilidad pública» para justificar los indultos. «La democracia española demuestra hoy su grandeza», llegó a decir. Se superaba una fase de confrontación abierta, pero sin abarcar el problema político de fondo; decía Sánchez que «España sin Catalunya no sería España, como Catalunya sin el resto de España no sería Catalunya. Esta certeza es el norte que guía nuestro camino. Hay camino».

¿Qué camino? El presidente catalán Pere Aragonès respondió a su homólogo español que los presos salían de la cárcel «con la voluntad reforzada de construir una república catalana», y demandó la amnistiá (llegaría tres años después), «es la hora de respetar la voluntad popular de los catalanes para resolver definitivamente el conflicto entre Catalunya y el Estado español».