Se cumplen 22 años de una movilización en Bilbo que pasará a la historia tanto por la dureza de la intervención de la Ertzaintza, que recordó escenas propias de dictaduras, como por la contundente respuesta dada por miles de personas sentadas en el suelo entonando el 'Eusko Gudariak' tras una lluvia de porrazos, pelotazos y la irrupción de una tanqueta que roció agua a presión con alguna sustancia que «irritaba los ojos».

Decenas de miles de personas se habían reunido en Bilbo en aquella movilización silenciosa que abría una gran ikurriña, y que avanzaba hacia Zabalburu al grito de «Euskal Herria aurrera».

Antes de llegar a la plaza, la marcha se encontró con un fuerte dispositivo desplegado en la zona. Cuatro abogados, en nombre de los convocantes, intentaron conversar con los agentes, aunque, como recoge la crónica, la decisión estaba tomada.

El contingente desplegado en la zona descargó porrazos y pelotas de goma contra la multitud de una magnitud que se describió como un «ataque desconocido en la historia reciente de este país».

En la cabeza de la movilización había personas de avanzada edad, niños y manifestantes en sillas de ruedas, lo que no fue obstáculo para desatar una estampida también en las calles aledañas, donde muchas personas buscaron refugio, como en el pasado, tocando timbres de viviendas e incluso considerando romper cristales para poder entrar en portales y protegerse de la actuación policial.

A los habituales métodos antidisturbios se sumaba, por primera vez, un vehículo policial que lanzó «un líquido de un extraño color». Aquellos momentos de pánico dejaron imágenes para la historia. Tres personas desnudas respondieron a la intervención policial; hubo quien empapado de arriba a abajo, en medio de aquella sustancia que irritaba profundamente los ojos, mantuvo la ikurriña en alto.

La carga duró diez minutos, pero la movilización no se disolvió. Los manifestantes respondieron entonando el 'Eusko Gudariak' y se mantuvieron en el lugar. La actuación policial había dejado atrás decenas de heridos y un reguero de casquillos y pelotas, entre sirenas de ambulancias que trasladaban heridos a los hospitales.

Joserra Etxebarria, uno de los convocantes de la marcha, explicó que el Departamento de Interior de Lakua había comunicado que no se iba a permitir que la manifestación pasase de la plaza de Zabalburu, algo que iban a cumplir «por cualquier medio».

Un auto del juez Baltasar Garzón, que semanas antes había suspendido las actividades de Batasuna, había declarado ilegal la protesta convocada por decenas de ciudadanos, vinculando la movilización con ETA.

En aquella manifestación se produjo otro hecho llamativo, se halló una pelota lanzada por la Ertzaintza que llevaba escrito «Otegi» junto a la inscripción «H.P.», en otra imagen con gran repercusión en su momento, que hoy probablemente hubiera sido viral en las redes.

La tanqueta no ha vuelto a ser utilizada por la Ertzaintza, aunque NAIZ y GARA sí han seguido su pista en distintos momentos. Al hilo de las cargas lanzadas por los Mossos en Catalunya, en la que se utilizó una tanqueta similar, desde estas páginas se recordaba, por ejemplo, que en 2013 un ciudadano reclamó que el vehículo policial fuera vendido al Ministerio de Interior español, algo que Lakua rechazó.

Encañonan a miembros de Mirentxin

Sucedió hace 8 años en Córdoba, a cientos de kilómetros de Euskal Herria. Seis personas viajaban de madrugada a visitar a sus familiares presos en una de las furgonetas de Mirentxin. Habían pasado un control policial, cuando un coche camuflado les dio el alto haciéndoles parar en mitad de la carretera.

Los ocupantes del vehículo eran guardias civiles. Sacaron sus armas por la ventanilla, apuntaron a uno de los conductores en la cabeza y le obligaron a bajar del vehículo, al tiempo que esposaban al otro conductor y le obligaban a tumbarse en el suelo.

Los afectados dieron a conocer los hechos en una comparecencia días después junto a miembros de Etxerat, en la que relataron que fueron momentos de extrema tensión, en los que los agentes no les dejaban de gritar. Personas de avanzada edad viajaban en aquella furgoneta de Mirentxin. Tal y como señalaron, los hechos producían una mezcla de incomprensión y miedo real al peor desenlace: «No sabíamos qué pensar. Lo pasamos muy mal, no sabíamos si iban a disparar».

Primero les acusaron de haberse saltado un control, después les comunicaron que había sido una confusión, que la matrícula coincidía con la de un «terrorista». La furgoneta pudo seguir, pero los hechos condicionaron notablemente la visita y las diez horas de viaje de vuelta.

«Estamos demasiado acostumbrados a que, para visitar a nuestros familiares, tengamos que viajar sujetos a controles ex profeso, a otros supuestamente aleatorios en los que solo a nosotros nos paran y registran, y al acoso y seguimiento policiales para no ver en estos hechos algo más que un error», manifestaron portavoces de Etxerat. Tal y como denunciaron, pese a haber sido víctimas de persecuciones, agresiones... la respuesta es el archivo sistemático.

AI contra la incomunicación

No es la única ocasión en la que Amnistía Internacional (AI) ha denunciado las prácticas en el Estado español en relación con detenciones, aplicación de la incomunicación y torturas, pero el informe presentado en septiembre de 2009 fue especialmente duro con el régimen de detención y los diez días de incomunicación permitidos por ley.

Emplazaba directamente a derogar la detención incomunicada por «violar» derechos de las personas privadas de libertad. Señalaba asimismo a jueces y médicos, a los primeros por admitir todas las peticiones de incomunicación de forma estandarizada. Citaba, además, informes médicos oficiales ante denuncias de tortura por «inadecuados», «insuficientes» y de calidad «inaceptable».

En la presentación del informe, responsables de AI consideraron «inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro». Advirtieron de que ese espacio de opacidad puede ocultar violaciones de derechos humanos, al tratarse de un tiempo en el que la persona arrestada no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección.

El informe profundizó en hechos como la propensión de las autoridades españolas a desechar las denuncias de torturas considerándolas tácticas de una estrategia diseñada para desacreditar al Estado. AI puso también el foco en el hecho de que los magistrados «rara vez» se interesan personalmente por el detenido, algo que «sí puede considerarse una deficiencia profesional».

Muere la brigadista Begoña García

El 14 de septiembre de 1990, el FMLN da a conocer la muerte de la médico internacionalista navarra Begoña García Arandigoyen 'Alba' en un ataque del Ejército salvadoreño contra un hospital del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una nueva muerte más entre las registradas en esa década entre internacionalistas vascos.

La organización informó de que la muerte se había producido días atrás, en el asalto del Ejército al puesto médico del FMLN de Montanita. En un comunicado, explicó que efectivos del Ejército capturaron a la médica vasca y la ejecutaron posteriormente. Begoña García, de 24 años de edad, estaba embarazada.

García había llegado en marzo a El Salvador, procedente de Nicaragua, país al que también había acudido como brigadista. «Vio que había una necesidad grande en El Salvador y allí se fue, a trabajar como médico en pequeñas aldeas, con una escasez de medios terrible y sin importarle el riesgo que corría, narró su hermana. Su «fuerte idealismo le llevó a darlo todo», como persona y como médico, destacó.

Askapena denunció en un comunicado «el asesinato a manos del Ejército fascista de El Salvador de la compañera médico internacionalista Begoña García Arandigoyen». Achacaba esta nueva muerte a la estrategia contrainsurgente del Ejército salvadoreño, una práctica que había acabado con la vida de cinco jesuitas y un gran número de defensores de los derechos humanos, sindicatos, médicos y población civil, en general, crímenes que permanecían sin esclarecerse pese a la denuncia de la comunidad internacional.

A raíz de la muerte de García, 'Egin' recordó que otros tres brigadistas vascos desplazados a Centroamérica en misiones humanitarias y de apoyo a las revoluciones en la época habían corrido la misma suerte, como Pakito Arriaran, Ambrosio Mogorrón o Francisco Irañeta 'Pantxito'.

Begoña Garcia era la cuarta víctima mortal vasca en guerras de los pueblos centroamericanos por su liberación, un compromiso que llevó a centenares de vascos a luchar desde distintos ángulos y trincheras, en el que destacó también la figura del jesuita vasco Ignacio Ellacuria, muerto junto a otras seis personas un año antes en El Salvador.

Primer canon setero

En un plano más mundano, aunque no exento de fuertes controversias y rivalidad entre aficionados, un 14 de septiembre de 2007 entró en vigor en Euskal Herria el primer canon setero. Fue en el valle de Ultzama, a puertas de la temporada. El Ayuntamiento elaboró, con la colaboración de expertos en la materia, una ordenanza para regular el recurso natural.

La iniciativa llegó tras una cosecha excepcional de hongo beltza que desbordó un año antes el valle navarro, impactado por la masiva afluencia de aficionados que llenaron «cestas, sacos e incluso el maletero del coche» con el preciado manjar.

Aquella campaña setera no fue ni de cerca tan abundante como la del año anterior, pero desde aquel 14 de septiembre nadie podía recolectar setas y hongos en Ultzama sin la correspondiente licencia, y un límite de 10 kilos de hongo beltza al día por un precio de 10 euros.