Durante esos días, antes de vaciarse y desaparecer, los pueblos amenazados por el embalse de Itoitz se llenaron de solidaridad y actividad, de excavadoras y sabotajes, de lucha no violenta y rotaflex.

Hace hoy 21 años, los vecinos de Artozki abandonaban su pueblo, evitándose el mal recuerdo de ver como sus casas eran derribadas. Así lo contaba el periodista Ramón Sola al día siguiente en GARA. «En el pueblo, al margen de estos solidarios, ya no hay nadie. Los vecinos se han llevado sus víveres y los frutos de las huertas. Y en la iglesia ya sólo quedan las campanas». Lo que quedaba, además, era mucha solidaridad, que fue tomando forma a lo largo de la semana: obras teatrales, conciertos o una exposición de obras artísticas que, tras desaparecer, fueron devueltas de forma anónima coincidiendo con el 20º aniversario. Un conjunto de actos que, tal y como señalaban los solidarios, «no deben tomarse como una cuenta atrás en la historia de este pueblo, sino precisamente todo lo contrario, como la continuación de la vida».

El primer ensayo de asalto policial llegó el cuarto día de la resistencia. Guardia Civil y Policía Foral entraron bajo la excusa de escoltar a empleados de Iberdrola en el pueblo para cortar la luz. Sin embargo, según recuerdan las crónicas del momento, aquel movimiento parecía más encaminado a constatar cuál era el grado de resistencia. Nadie recuerda haber visto a empleados de Iberdrola aquel día y el control del servicio eléctrico se encontraba a la entrada de la localidad, por lo que no era necesario acceder al pueblo. Pero la resistencia los esperaba: dos solidarios se encadenaron en un bidón de hormigón de 400 kilos, mientras otros se subieron a los tejados. El convoy policial dio media vuelta.

Fue el último bastión de la lucha contra el embalse de Itoitz. La resistencia duró dos semanas, pero el último día de septiembre de 2003, Policía Foral y Guardia Civil irrumpieron de madrugada, para destruir los pueblos y hundirlos bajo el agua de un nuevo pantano. «Artozkira ez da gutunik heltzen» (A Artozki no llegan las cartas), cantaría un par de años más tarde Berri Txarrak. Pero la historia escrita en Artozki llega hasta hoy en día.

Una historia, la de Artozki, la del pantano de Itoitz, que parece muy lejana. Pero que lo es un poco menos si al echar un ojo a las páginas escritas en GARA a lo largo de esas semanas vemos que comparte espacio con la «inminente» llegada del Tren de Alta Velocidad a Euskal Herria.

Acuerdo para evitar volver a inundar las cárceles

Ese mismo día, el 16 de septiembre, que en 2022 pasaría a la historia por ser el primero de pandemia sin ningún enfermo covid ingresado en las UCI de Nafarroa, cerró en 2019 otra etapa de resistencia con un acuerdo entre las partes del sumario 11/13. «La vía del acuerdo se ha impuesto para cerrar el último macrojuicio del 'todo es ETA', que ha marcado los últimos 20 años en Euskal Herria», señalaba un texto escrito a cuatro manos entre la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares y la redacción de GARA en Donostia.

El juicio, al que los 47 solidarios con los presos vascos se presentaban con peticiones fiscales que sumaban 601 años de prisión, se resolvió en una sesión de apenas 25 minutos, en la que los acusados reconocieron los hechos del modo más escueto posible (con un «bai») y la Fiscalía rebajó las penas hasta cotas que no implicaron ingreso en prisión, a excepción de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, a los que en el relato de las acusaciones se otorgaba el grado de «dirigentes». Con este acuerdo se cerró un ciclo de 21 años de macroprocesos políticos amparados en la tesis del «todo es ETA».

«Es cierto que hay dos personas que tendrán que volver a prisión para cumplir cinco meses. A pesar de ello, hemos decidido de manera colectiva pero basándonos en la voluntad de estas personas, en su compromiso y decisión de sacrificarse en lo personal para posibilitar esta situación», explicaba Amaia Izko, abogada y juzgada en este macrosumario, a la salida de la Audiencia Nacional.

Incluso Lakua, que a lo largo de estas décadas no ha acostumbrado a valorar las sentencias que salían desde este tribunal, valoró positivamente la noticia y el acuerdo. El entonces secretario de Memoria y Convivencia del Gobierno, Jonan Fernández, remarcó el «buen resultado para la convivencia» que suponía el acuerdo y añadió que «puede ser referencia para otras personas y ámbitos», en referencia al penitenciario. «La Justicia Transicional o Justicia Restaurativa aplican este mismo tipo de mecanismos», añadió.