Como naciones sin Estado, Catalunya y Euskal Herria han intentado en distintos momentos de su historia avanzar hacia la autodeterminación. El 27 de septiembre escenifica la voluntad emancipadora de dos países que, con trece años de diferencia, descubrieron las distintas formas que tiene el Estado español de negar las mayorías parlamentarias de Barcelona y Gasteiz.

Los partidos independentistas catalanes recibieron el 27 de septiembre de 2015 el mandato de trabajar para convertir a Catalunya en un nuevo Estado europeo. Junts pel Sí, candidatura que agrupaba electos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) junto a miembros de las entidades soberanistas, y la CUP-Crida Constituent consiguieron 72 diputados en el Parlament, cuatro por encima de la mayoría absoluta, fijada en 68 escaños.

Desde el independentismo se plantearon las elecciones del 27-S como un plebiscito, una posición descartada desde los partidos unionistas (en un principio). Quizás este carácter plebiscitario fue el que elevó la participación hasta un 77,95%, diez puntos porcentuales más que en las elecciones autonómicas de 2012. En total, los partidos netamente independentistas lograron 1.966.508 votos, casi 200.000 más que tres años atrás.

En cambio, esa cifra no fue suficiente para alcanzar el 50% de los apoyos, algo que el unionismo aprovechó para destacar el «fracaso» del proyecto independentista. Por contra, el soberanismo reprochó que se incluyera entre los partidos contrarios a la independencia a Catalunya Sí que es Pot, formación que agrupaba a Podem, ICV, EUiA y Equo, y que en ese sentido se había mostrado ambigua.

«El independentismo tiene una mayoría más que suficiente para tirar adelante este proyecto», declaró la noche electoral Oriol Junqueras, número cinco de Junts pel Sí en la demarcación de Barcelona. «Tenemos mucho trabajo por delante, no aflojaremos», vaticinó, del mismo modo, Artur Mas, antes de prometer «hacer honor al mandato democrático». El hasta entonces president acabaría siendo uno los principales escollos para el entendimiento entre partidos independentistas.

Una vez dejada atrás la jornada electoral, Junts pel Sí y la CUP debían llegar a un acuerdo para poner en marcha una nueva etapa en la política catalana. Sin embargo, ambas formaciones se encallaron desde buen inicio. De hecho, la misma noche electoral, el candidato de la CUP, Antonio Baños, ya avisó a Junts pel Sí de que «nadie es imprescindible», en alusión al debate sobre la posible reelección de Mas como president.

El posterior debate que se dio en el seno de la formación anticapitalista fue conocido como «Mas o març», en alusión a la disyuntiva que se presentaba desde el otro partido independentista: si la CUP se negaba a investir al candidato de Junts pel Sí, la solución pasaba por una nueva convocatoria electoral en marzo. La formación, que comenzó su andadura parlamentaria en 2012, no estaba acostumbrada a tener semejante poder de decisión en sus manos. El momento culminante de este proceso se vivió en la Asamblea Nacional de los anticapitalistas, cuando los partidarios y detractores de investir a Artur Mas empataron a 1.515 votos.

Finalmente, el Consell Polític de la formación rechazó investir a Mas, que decidió dar un «paso al lado» para abrir camino a una «figura de consenso» que pudiera optar a la investidura: el hasta entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Su mandato culminó en 2017, tras el referéndum del 1 de octubre, la fugaz declaración de independencia del 27 del mismo mes y la suspensión de la autonomía mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Ibarretxe presenta su plan

13 años antes, en Euskal Herria, o al menos en una parte de ella, se planteó otro «proceso» que, si bien proponía avanzar con mucha más cautela que el iniciado en Catalunya, también se encontró de morros con el rechazo del Estado.

El 27 de septiembre de 2002, el lehendakari Juan José Ibarratxe presentaba en el Parlamento de Gasteiz las bases de un nuevo estatuto con el objetivo de plantear «una nueva etapa de relación con el Estado español sobre la base de un estatus de libre asociación», lo que más tarde sería conocido como Plan Ibarretxe.

El proceso que presentó el lehendakari, elaborado para llevarse a cabo «desde la legalidad», consistía en seis fases y preveía presentar un borrador en el plazo de un año. En este aspecto, Ibarretxe anunció ante el resto de partidos de la Cámara que el proyecto tendría que aprobarse a través de un referéndum y que este se realizaría hubiera o no acuerdo con el Estado y «en ausencia de violencia».