En el Salón de los Museos Capitalinos de Roma, con la estatua del papa Inocencio X de fondo, y con la solemnidad que exigía el paso decisivo que se estaba dando, el 29 de octubre de 2004, los 25 jefes de Estado de la Unión Europea firmaron el llamado Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, conocido como Constitución Europea. Se pretendía que reemplazara a los tratados constitutivos anteriores de la UE y a los que después los fueron modificando, como los de Bruselas, Acta Única Europea, Maastricht, Ámsterdam, Niza o los sucesivos Tratados de Adhesión.

Pero en el análisis que al día siguiente publicó en GARA, Josu Juaristi ya advertía de que pese a las rimbombantes declaraciones de unos y otros durante el acto de la firma, en realidad la UE no tenía todavía esa Constitución, puesto que a partir de ese día se abría un «complicado e incierto» proceso de ratificación del tratado constitucional.

La Unión tenía dos años para hacerlo y cada estado lo haría según el procedimiento interno previsto. Muchos de los estados lo harían por vía exclusivamente parlamentaria, mientras que otros –como los estados español y francés– lo iban a hacer por referéndum, lo que ya se recogía en estas páginas que era «un ejercicio de alto riesgo».

Y vaya si lo fue. La ciudadanía del Estado francés en referéndum y la de los Países Bajos en una consulta no vinculante organizada por el Gobierno rechazaron la Constitución Europea. Se pretendía que el tratado constitucional entrase en vigor el 11 de noviembre de 2006, pero con el rechazo de estos dos importantes estados fundadores de la Unión Europea al proyecto constitucional, el proceso de ratificación se paralizó.

Los referéndums en Euskal Herria

Tras la firma del tratado en Roma, el editorial de GARA ya señalaba que ante los referéndums que debían darse era preciso que la ciudadanía estuviera bien informada de las consecuencias de esta Constitución Europea, entre ellas, la imposición de un modelo neoliberal que pondría importantes restricciones a que cada estado pueda organizar libremente sus servicios públicos y traería una flexibilización del mercado laboral. También advertía de lo negativo que resultaba el tratado para las lenguas de los pueblos sin estado.

El referéndum en el Estado español se celebró el 20 de febrero de 2005, bajo un Gobierno de José Luis Zapatero, Con una abstención enorme, del 57,6%, el apoyo al «sí» fue del 76,7%, mientras que el «no» se quedó en el 17,2%.

Pero los resultados fueron muy distintos en los cuatro territorios de Hego Euskal Herria, donde el porcentaje del «no» dobló prácticamente al del conjunto del Estado español, al tiempo que la abstención resultó muy superior. Esto llevó a que GARA destacara al día siguiente que «casi el 75% del censo de Hego Euskal Herria da la espalda a la Constitución Europea», es decir, apenas uno de cada cuatro electores del censo vasco le dio un «sí» al tratado.

Y eso que PNV, PSOE y PP hicieron campaña a favor del «sí», cada cual por sus razones. Por ejemplo, en los mítines de cierre de campaña, Josu Jon Imaz, entonces presidente del EBB, aseguró que el tratado reducía la soberanía estatal, mientras que Patxi López y María San Gil se basaron en que impediría el Plan de Ibarretxe, al que poco antes ya le habían dado un portazo en el Congreso de los Diputados.

Entre quienes se oponían a la Constitución Europea se encontraban la izquierda abertzale –entonces ilegalizada–, Eusko Alkartasuna, Aralar y Ezker Batua. También se conformaron una Iniciativa por el No que pretendía mostrar a Europa con ese voto contrario que «somos un pueblo» y una Plataforma Social por el No. También se movilizaron por la papeleta negativa el EPPK, que apuntó que «el tratado encarcela a Euskal Herria», Askapena y la Asamblea Anti-TAV.

En Ipar Euskal Herria el referéndum se celebró el 28 de mayo de 2005. Y si en el conjunto del Estado francés ganó el «no» con un 54,8% del voto, frente al 45,32% de «síes», en Iparralde las papeletas de apoyo ganaron por poco, con un 50,64% de «síes» frente al 49,35 de «noes». Las zonas del interior se mostraron contrarias a la Constitución, mientras que el mayor peso del voto afirmativo de la aglomeración urbana del BAB, en la costa –la zona más densamente poblada–, fue el que ocasiona que el balance del conjunto de Iparralde se inclinara levemente por el «sí».

La participación en el Estado francés se acercó al 70% y fue la movilización de los votantes de izquierda, y también de la extrema derecha, la que decantó el «no» final, puesto que mientras el electorado del gobernante UMP y de la segunda fuerza de le derecha, la UDF, obedecieron las proclamas por el «sí», el votante del PSF y de los Verdes que habían apoyado oficialmente el tratado no consiguieron convencer a sus bases.

Y este resultado, sumado al que se dio pocos días después, el 1 de junio, en los Países Bajos, donde un 61,6% votó «no», hizo que la pomposa firma del 29 de octubre de 2004 en Roma quedara finalmente en papel mojado.