9 de noviembre de 2012. Amaia Egaña, de 53 años, muere en Barakaldo tras arrojarse por la ventana cuando una comisión judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda.

La proliferación de desahucios en torno a 2010 estuvo estrechamente relacionada con la crisis económica global desatada a partir del colapso del sistema financiero en 2008. El detonante fue la caída de Lehman Brothers y la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que desencadenaron una recesión mundial. En Hego Euskal Herria, por su subordinación respecto al Estado español, el impacto fue especialmente fuerte debido a la dependencia de su economía de la construcción y el mercado inmobiliario, sectores que, tras años de crecimiento descontrolado y crédito fácil, colapsaron abruptamente. La burbuja inmobiliaria se desinfló, los precios de la vivienda cayeron en picado, y muchos hogares se encontraron atrapados en hipotecas que ya no podían pagar.

El desempleo se disparó, alcanzando cifras récord, y miles de familias, incapaces de hacer frente a sus pagos hipotecarios, vieron cómo se iniciaban procedimientos de ejecución hipotecaria. La legislación española de entonces permitía a los bancos recuperar la propiedad y seguir reclamando la deuda pendiente, incluso tras el desahucio, lo que agravó la situación para las familias afectadas. Esta crisis generó un aumento significativo en los desahucios, convirtiéndose en un grave problema social. Frente a esta situación, surgieron movimientos ciudadanos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que visibilizaron el drama de los desalojos y presionaron para cambios legislativos en favor de una mayor protección para los deudores hipotecarios.

La muerte de Egaña generó una gran conmoción y, en cierta medida, se convirtió en todo un símbolo que representaba la gravedad de una situación que se generalizaba. Con motivo de aquella trágica noticia, GARA publicó al día siguiente, 10 de noviembre de 2012, este editorial:

Amaia Egaña, víctima de la injusticia de la ley

Han sido capaces de cambiar la Constitución española de un día para otro, pero la reforma legal para frenar los desahucios no corría prisa. Las miles de familias desahuciadas por no poder hacer frente a una hipoteca, es decir, a causa de la usura de algunos, lejos de ser una preocupación de primer orden, son abandonadas a su suerte mientras la ley y las administraciones protegen esos atropellos. Ayer muchas voces institucionales se sumaron a las de cada vez más ciudadanos y ciudadanas que venían denunciando lo que cada día veían en su localidad, en su calle. El propio Gobierno español anunciaba contactos «urgentes e inmediatos» para trabajar en una propuesta sobre los desahucios. Pero lo hacía tras conocerse la noticia de la muerte de Amaia Egaña, la mujer que en la mañana de ayer prefirió hacer frente al vértigo que provoca mirar a la calle desde un cuarto piso que al que le provocaba la pérdida de su casa.

Reconocen lo injusto de la norma que posibilita los desahucios, y la necesidad de cambiarla, pero aseguran que ante todo ha de cumplirse la ley, como bien saben las gentes que han intentado evitar los desalojos o simplemente han acudido a mostrar su solidaridad con los desahuciados, y las marcas de las porras se lo han recordado constantemente. Pero esas gentes han sido apaleadas en nombre de la ley, de una ley que según el dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera la normativa europea. Ahora dicen que la reforma legal es urgente, y lo es, pero llegan tarde, presionados por la creciente indignación popular y por no poder sostener la mirada ante el cuerpo inerte de una mujer de 53 años víctima de la injusticia conscientemente diseñada y consentida. Llegan irreparablemente tarde.

Esa presión popular, sin embargo, no puede relajarse, una sociedad digna no puede permitir no ya que una persona se vea abocada a arrojarse desde una ventana, sino que nadie tenga que abandonar su hogar. Tras esta urgente batalla, Amaia Egaña continuará en la memoria de todos y todas, y permanecerá la terrible pregunta de si su muerte era precisa para rectificar la injusticia.