Era un viernes por la noche cualquiera cuando París se vio asaltada por una cadena de atentados cuya repercusión se mediría a lo largo de los días siguientes. «Una cadena de atentados simultáneos sacude París y deja decenas de muertos», este era el titular de GARA del día 14 de noviembre de 2015, en medio de nuevas informaciones y mientras aumentaba la cifra de fallecidos en los ataques.

Durante las primeras horas todo era confusión a la par que el horror y la preocupación se extendían desde París al resto de Europa. Los autores de los atentados habían llevado a cabo seis ataques casi simultáneos en la capital francesa, donde se registraron tiroteos en varios bares y terrazas del centro, así como en la sala Bataclan, en la que tenía lugar un concierto de la banda estadounidense Eagles of Death Metal, y tres explosiones en las inmediaciones del estadio Saint Denis, donde la selección gala disputaba un partido amistoso contra Alemania.

En los días posteriores se irían conociendo más detalles. La matanza fue perpetrada en nombre del Estado Islámico por tres grupos de asaltantes. El 14 de noviembre, el entonces presidente francés François Hollande describía la cadena de atentados de París como «un acto de guerra cometido por un ejército terrorista» y advirtió que los ataques tendrían sus represalias. Días después llegarían los bombardeos de la aviación francesa en Siria.

El Ejecutivo decretó el estado de emergencia y la aplicación de un protocolo para mantener el orden público. Hollande ordenó, asimismo, el cierre de las fronteras y anunció que 1.500 militares reforzarían el dispositivo de seguridad en la capital. Durante los primeros días, se prohibió la celebración de concentraciones en recuerdo a las víctimas para evitar aglomeraciones debido a la inseguridad y el miedo a que hubiera nuevos ataques. Con el país de luto oficial, unos días después de produjeron actos en recuerdo tanto en el Estado francés como en otros puntos del planeta. El Gobierno galo seguía manteniendo un discruso belicista cuyas repercusiones se calcularían más tarde.

A partir de este momento y a lo largo de los próximo años se extiende, asimismo, entre el hartazgo por la deriva securitaria y cierre de fronteras, el discurso xenófobo ante la llegada de refugiados. Una vía que la ultraderecha no dudó en exprimir para hacer posible su auge a costa de azuzar fantasmas y discursos de odio. La preocupación por la falta de garantías y la merma de derechos y libertades de la ciudadanía también afloró. Y aún hoy sigue vigente la excepcionalidad aplicada primero por los ataques yihadistas y después por la pandemia del covid-19, con el cierre de las mugas y los controles policiales afectando a la vida de miles de ciudadanos.

Ley de Amnistía en el Estado español

En Madrid, 113 días después de las elecciones del 23-J de 2023, el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez tocaba a su fin con el registro de la proposición de la Ley de Amnistía. Sánchez contaba para lograr su objetivo con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo tres partidos: PP, Vox y UPN. Los 179 votos positivos con los que contaría el líder del PSOE incluían a cinco partidos soberanistas. La cuestión territorial y el compromiso de seguir por la senda de las políticas progresistas fueron temas claves durante la negociación.

En cuanto a las formaciones vascas, EH Bildu y PNV llegaban con distinto talante a la sesión de investidura. Si bien las dos formaciones habían comprometido su voto favorable, el PNV escenificó unas largas negociaciones, augurando logros importantes. EH Bildu, por su parte, manifestó desde un inicio su compromiso para frenar a la derecha y hacer posible un gobierno progresista. En ese contexto vimos una foto oficial del encuentro entre Pedro Sánchez y representantes de EH Bildu, algo que años antes hubiera costado imaginar.

Dos días después del registro de la proposición de ley, el día 15 de noviembre, la investidura de Pedro Sánchez arrancó con una defensa de los acuerdos con el soberanismo y, específicamente, la Ley de Amnistía en un contexto muy crispado por PP y Vox. Era el arranque de una nueva legislatura en la que Sánchez tendría que volver a mostrar su capacidad de llegar a consensos y mantener el perímetro de seguridad ante la derecha.

'Prestige'

La de hoy es también una fecha marcada por un terrible suceso cuya verdadera trascendencia se mediría días después: el hundimiento del 'Prestige' en las costas gallegas en 2002. El petrolero realizó una llamada de socorro frente a la costa de Galicia tal día como hoy y se partió en dos el 19 de noviembre, ocasionando un vertido de fuel que provocó un desastre ecológico de efectos devastadores.

El vertido de fuel afectó principalmente a Galicia pero sus efectos se hicieron notar también en la costa de Euskal Herria. El periodo más significativo de la crisis provocada por el 'Prestige' tuvo lugar entre los meses de febrero y marzo de 2003, cuando la arribada de fuel a la costa vasca fue más intensa. El dispositivo puesto en funcionamiento, y formado por buques pesqueros, recogió, no obstante, hasta setiembre de 2004, más de 21.000 toneladas de residuos de fuel, frente a las algo más de 3.200 que se recogieron en la costa.

La polémica y el enfado por la gestión política de este asunto no tardó en aflorar. En este contexto, nace Nunca Máis, un movimiento popular que organizó la ola de solidaridad para limpiar la costa afectada y reclamó responsabilidades medioambientales, judiciales y políticas.

Tal y como se pudo saber después, la llamada de urgencia se produjo cuando el barco se encontraba transitando cerca del cabo Finisterre y se vio inmerso en un temporal. El 19 de noviembre, tras intentar alejarlo de la costa de forma improcedente, se partió en dos y se hundió. El petrolero, que estaba en ese momento a unos 250 km de la costa gallega, provocó las primeras manchas negras. Tristemente quedará clavada en la memoria colectiva aquella frase de Mariano Rajoy, entonces portavoz del Gobierno, afirmando que del 'Prestige' salían «unos pequeños hilitos, cuatro en concreto, regueros solidificados con aspecto de plastilina».

Desde el principio existió un conflicto político por la gestión de la emergencia. El ministro Álvarez Cascos, junto al exdirector de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, tomaron la decisión de alejar el barco de la costa. Sin embargo, expertos independientes del gobierno se posicionaron en contra de la medida al considerar más beneficioso contaminar solo una playa que dejar el crudo libre por el mar.

La parte afectada de la costa no solo tenía gran importancia ecológica (como es el caso de las Rías Baixas), sino también una notable industria pesquera. Una ola de solidaridad inundó Galicia con la llegada de voluntarios que se apresuraron a ayudar en la limpieza de las playas. Una labor que duró meses y que dejó una honda huella en Galicia.