Nacido en Portugalete en 1930, Ignacio Ellacuría estaba muy unido a El Salvador y Centroamérica en general. Una semana antes de la masacre había viajado al Estado español y había compartido su inquietud por la situación en El Salvador. El jesuita manifestó entonces a los componentes del Consejo Superior de la Universidad Iberoamericana de Posgrado, que celebró una reunión en Salamanca, su temor a sufrir un atentado por parte de la extrema derecha.

Con apenas 18 años llegó por primera vez a ejercer de voluntario en el nuevo Noviciado de San Salvador. Completó sus estudios de Humanidades y Teología en Quito (Ecuador) e Innsbruck (Austria) y realizó el doctorado en Filosofía en Madrid. En 1967 regresó a El Salvador, donde trabajó con intensidad en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que fue rector desde 1979 hasta el momento de su muerte.

El portugalujo denunció desde la UCA las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país. Cuando en 1980 comenzó la larga guerra civil, con un continuo enfrentamiento entre el FMLN y el Gobierno, medió por la paz y la convivencia, defendiendo la liberación del pueblo y de las mayorías populares. Esta actitud le supuso la enemistad de algunos sectores financieros, políticos y militares que le amenazaron con insistencia.

La muerte de Ellacuría y sus compañeros ya había sido anunciada. Miembros de las Fuerzas Armadas habían calificado la UCA como un «refugio de subversivos» y el portugalujo, por su empeño en solucionar el conflicto mediante la negociación, se había convertido en uno de los objetivos más deseados por los militares.

La muerte a balazos de Ellacuría generó una gran conmoción tanto en el país centroamericano como en Euskal Herria, el Estado español y la comunidad internacional. La Compañía de Jesús no tardó en condenar el atentado y expresó su «esperanza de que la sangre de estos nuestros hermanos no haya sido derramada en vano».

El rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos, afirmó que el ataque a Ellacuría buscaba «acabar con un incómodo testigo de la opresión y las situaciones de injusticia que viven en Centroamérica».

Desde el rectorado de la Universidad del País Vasco resaltaron la figura de Ellacuría, a quien describieron como «un vasco de proyección universal que adquirió la nacionalidad salvadoreña por amor a un país inmerso en una crisis prolongada».

Proceso judicial

En 2020, el excoronel Inocente Montano fue juzgado en la Audiencia Nacional por su presunta participación en «la decisión, diseño o ejecución» de la masacre de 1989. Era el primer militar salvadoreño que respondía por la muerte de Ellacuría y otros cuatro sacerdotes.

René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlacatl, brazo ejecutor de la masacre, fue eximido del caso por haber confesado los hechos, haber cumplido condena en su país y colaborar con el tribunal para esclarecer los hechos.

Según la Fiscalía, ambos «participaron en la decisión, diseño o ejecución del asesinato», el 16 de noviembre de 1989, del rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y el navarro Juan Ramón Moreno Pardo. También mataron a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), a la empleada doméstica Julia Elba y a su hija menor Celina Mariceth Ramos.

La AN condenó a Montano a la pena de 133 años y tres meses de cárcel. En la lectura pública de la sentencia, 31 años después de los hechos, el tribunal condenó al excoronel como responsable de 5 delitos de «asesinato de carácter terrorista». Por cada asesinato se le condenó a una pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor.

El 14 de noviembre de 2022 conocíamos la noticia de que un tribunal de El Salvador había otorgado la libertad condicional adelantada al coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de cárcel por la masacre. Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, Benavides fue el encargado de trasladar la orden a los tenientes que ejecutaron la matanza. Benavides fue condenado en 1991 y salió en 1993 por una ley de amnistía, pero tras su anulación en 2016 fue detenido y enviado a prisión nuevamente.

En junio de 2023, la Fiscalía de El Salvador acusaba al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) de autorizar la matanza. Según el Ministerio Público, el exmandatario participó en la reunión en la que se coordinó y ordenó el operativo militar.

El silencio oficial en torno a la matanza que acabó con la vida de Ellacuría y otros sacerdotes ha sido una constante durante décadas y las vías judiciales se han topado con numerosos obstáculos. Con todo, las voces que piden justicia y verdad en torno a este caso siguen vivas. Igual que lo sigue el legado intelectual y el espíritu comprometido de Ellacuría.