La construcción de una nueva sede del Basque Culinary Center en los terrenos de Manteo en la falda de Ulia ha despertado importantes reacciones de rechazo por parte de asociaciones de vecinos, grupos ecologistas y otros organismos populares y la ciudadanía en general, hasta el punto de que sus mentores han visto necesario organizar charlas abiertas para tratar de convencer al personal de las excelencias de su propuesta, es decir, para vender la moto. Pero existen razones diferentes para oponerse a este proyecto. De un lado de tipo urbanístico, pues se va a ocupar una zona verde para llenarla de cemento en un barrio saturado por el turismo, invadiendo la barrera que separa Gros de Ulia, cuando no estaba previsto en los planes urbanísticos la construcción en esa ubicación de este tipo de equipamientos.

De otro lado, la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Donostia y la financiación pública de la construcción por parte de la Diputación y el Gobierno Vasco que pagaran prácticamente el coste total de la edificación no parecen justificadas para una obra de iniciativa privada, o sea, un negocio. En una palabra, que las obras que ya han empezado con la tala de árboles resultan muy polémicas.

Ahora hemos conocido la noticia de que, en plena crisis humanitaria por las acciones genocidas de Israel en Gaza y Cisjordania, Basque Culinary y Cardumen Capital, la firma que apuesta por la alta tecnología israelí, colaboran estrechamente desde 2022, cuando se creó un fondo de capital riesgo con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa y se fortalece ahora con otros proyectos del sector alimentario en Laguardia (Álava) con una inversión inicial de 5 millones de euros y el propósito de captar otros 45. Ya hubo polémica en su momento por la venta de material ferroviario fabricado por CAF a Israel con protestas convocadas por el Comité de Empresa, pero esto de la colaboración con dinero público en proyectos con fondos israelíes en las actuales circunstancias me parece que es jugar con las cosas de comer.