Para empezar, hemos de aclarar que ningún operario jurídico está exento de responder ante los tribunales, ni de someterse a las críticas que puedan hacerse sobre sus actuaciones.

Para seguir, hemos de plantear la necesidad de investigar los factores extrajudiciales que inciden en las decisiones de jueces y magistrados que condicionan en supuestos similares el tipo de evaluación jurídica de los hechos, con consecuencias directas en asuntos claves como incoar un expediente, revisar una condena adaptándola a un cambio legislativo, sentenciar o absolver, imponer una u otra sentencia, etcétera. Así podremos responder a algunas preguntas: ¿cómo es posible que dos jueces ante un mismo caso tomen decisiones distintas e incluso diametralmente opuestas? ¿Por qué en determinados ámbitos jurisdiccionales se dictan sentencias similares ante casos muy distintos? O, ¿cuáles son los motivos por los que se modifican substancialmente las sentencias dependiendo del órgano jurisdiccional que evalúe un expediente judicial?

Para acabar, no podemos olvidar que el grito en el cielo habrían de ponerlo jueces y fiscales, no cuando corporativamente alardean de su objetividad cuando se plantea el carácter patriarcal de la administración de justicia, sino para denunciar el secuestro al que se ve sometida esta, paradójicamente por ellos mismos, así como por quienes decidieron instalar a los actuales jueces y magistrados en sus órganos máximos de representación y en las jurisdicciones especiales. Ello hoy impide cambiar la política antigarantista e impulsa una cultura jurídica ultraconservadora fundamentada en la apuesta por la penalización y la venganza como pilar de las políticas de Estado. Además, contribuye a debilitar al actual gobierno facilitando que los sectores ultraderechistas gobiernen desde la oposición. A esto se le llama magistocracia, quiebra de la división de poderes, politización y autosecuestro de la justicia.