Escribía el otro día Íñigo Sáenz de Ugarte, a propósito del diálogo que mantuve el pasado martes en la delegación de la Generalitat Catalunya en Madrid con el siempre brillante José María Lasalle, que me he vuelto pesimista «nivel República de Weimar». Lasalle y yo dialogábamos en el marco de las jornadas organizadas en Blanquerna precisamente sobre el diálogo entre las instituciones españolas y catalanas. El profesor de la UPV Mario Zubiaga se había referido en la mesa anterior a aquella consigna atribuida a Mao que reza algo así como «todo es caos bajo las estrellas, la situación es excelente» para explicar que el desorden europeo e internacional es una magnifica oportunidad para los soberanistas catalanes y vascos.

Cuando me tocó tomar la palabra, partí de la cita del profesor Zubiaga para razonar que el desorden europeo recuerda a Weimar y que el recuerdo es infausto. Esos tiempos que Antonio Gramsci definía como tiempos de monstruos no suelen dar muchas alegrías a los demócratas y la gente decente en general. A mi entender, la oportunidad para los soberanistas y para los demócratas en general se explica más por los cambios en la correlación de fuerzas en el sistema de partidos español que por el ambiente weimariano. Pero dije que hay dos problemas. En primer lugar, no se aprecia en el PSOE nada parecido a un proyecto de reforma democrática del Estado, máxime después de un Congreso que pasará a la historia por la reivindicación por parte de Sánchez de Felipe González. En segundo lugar, que el Gobierno de la Generalitat siga siendo un terreno de combate entre posconvergentes y republicanos, no facilita nada parecido a una estrategia coherente y sostenida de la Generalitat.

Permítanme que les detalle mi razonamiento sobre las oportunidades del diálogo y la reforma democrática en el Estado y también sus límites.

Las consecuencias sociales y políticas de la crisis económica de 2008 impulsaron los dos grandes motores de la transformación del sistema político español en los últimos años: el independentismo catalán y Podemos (quizá la traducción electoral más completa del humor social del 15M aunque no la única). La reacción política, mediática y judicial, en forma de nacionalismo español de derechas, se ha traducido en una correlación política sin precedentes en España donde la alternativa de gobierno en el Estado se da entre un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aliado con independentistas catalanes y vascos o un gobierno de coalición entre el PP y la nueva ultraderecha posfranquista.

La principal base de sostenibilidad del sistema político español surgido de la Transición fue un sistema de partidos que compartía los ejes fundamentales de la dirección de Estado. Tanto el PSOE como el PP, junto a los partidos alfa de los subsistemas políticos catalán y vasco (CiU y PNV) compartían los principios fundamentales de la política económica del Estado, de la incorporación de España a la CEE y de su papel en la división del trabajo europeo, de la política antiterrorista y, en general, del modelo de modernización de un régimen político monárquico al que las viejas elites económicas y mediáticas se habían adaptado sin rupturas. Además asumieron que el Estado Autonómico era el punto de partida de una organización territorial que permitía negociaciones específicas con Euskadi y Catalunya que se tradujeron en unas competencias mayores que el resto de territorios.

Ese sistema de partidos y de consensos ya no existe y el agotamiento del Estado autonómico es una realidad. En este nuevo contexto, los partidos del Gobierno de coalición y los que lo sostienen tienen un desafío de Estado, una vez cerrada la posibilidad para el PSOE de encontrar aliados a la derecha, con la defenestración electoral de Ciudadanos. Ese desafío es básicamente la invitación al PSOE a liderar una nueva dirección de Estado con aliados ajenos a las dinámicas tradicionales del poder en España (Unidas Podemos y los independentistas catalanes y vascos).

El resultado de enfrentarse abiertamente al Estado lo conocen bien los independentistas vascos y lo han conocido en los últimos años los independentistas catalanes. Pensar que se pueden lograr avances democráticos y un replanteamiento de la estructura territorial o una reorganización de las soberanías compartidas sin asumir el propio Estado como terreno de combate político es, a mi juicio, ingenuo. Precisamente las mayores resistencias a los avances democráticos y a la superación del Estado autonómico vienen de los viejos poderes asentados en el propio Estado (particularmente la magistratura pero también las Fuerzas de Seguridad y el Ejército) y de los poderes económico-mediáticos con sede en Madrid. Por eso, la lucha política será en el seno del Estado o no será.

¿Cual es el problema? Que el PSOE sigue viviendo al día y está aún lejos de plantear un proyecto de país que asuma los retos de la plurinacionalidad, asumiendo que el diálogo necesario para armar ese proyecto de país no se puede compartir hoy con una derecha vampirizada por la ultraderecha. La pregunta es si el PSOE está hoy dispuesto a recorrer ese camino. Visto su último congreso, no lo parece.

¿Soy pesimista? Rotundamente no. Soy simplemente un voluntarioso optimista bien informado.