La reforma de la Ley del Aborto que plantea el Ministerio español de Igualdad recoge que todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deban contar con profesionales que puedan practicar un aborto y elimina la obligación del periodo obligatorio de reflexión de la mujer, de tres días.

Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, en la que ha indicado que será la mujer la que decida el método de interrupción del embarazo y en el centro de salud le darán toda la información necesaria para tomar la decisión.

Asimismo, las chicas de 16 y 17 años que se queden embarazadas podrán decidir si abortan y no tendrán la necesidad de contar con el consentimiento paterno como recoge la norma actual.

Igualdad apuesta también por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar «la violencia ginecobstétrica» e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos.

«Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra», ha manifestado la ministra.

En su discurso ha reiterado los obstáculos que padecen muchas mujeres y que les impiden ejercer su derecho a abortar, como «la presión y las críticas» que sufren o el tener que desplazarse cientos de kilómetros porque «no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo».

El 87,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo de 2020 se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los que el 78,04% fueron en centros privados. «Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial», ha dicho.

Ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado abortos en centros públicos durante 2020 y en doce provincias del Estado no se ha notificado ni uno en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad.

Tras recordar que hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia «y comunidades que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública», Montero ha subrayado su propósito de «blindar» el derecho al aborto en los centros públicos.

Ha reconocido que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que el Ejecutivo respetará «escrupulosamente», pero ha insistido en que «no puede suponer una barrera» en los derechos de las mujeres. Y ha avanzado que se tomará como referencia la Ley de la Eutanasia, una norma que apostó por crear un registro de profesionales objetores de conciencia.

Según Montero, solo se entregará a las mujeres «el sobre» que se les da en la actualidad donde se les pide que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres, si estas lo solicitan.

Con la legislación actual «obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas. ¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger el derecho a la salud?», se ha preguntado.

La norma también habilitará una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, donde le informará a las mujeres del procedimiento para abortar.

Montero ha incidido también en la necesidad de rebajar el IVA del 10% que soportan los productos de salud menstrual, higiene femenina y los pañales para los niños y otros productos esenciales, para que «sean accesibles siempre y para todas las mujeres».