La salud mental de los menores de edad es un tema que preocupa a los profesionales del sector. Lo que antes se consideraban «comportamientos de la edad», actualmente se estudia como un factor clave en el futuro de los propios jóvenes y el de la sociedad en general. Pero, ¿está la salud mental relacionada con una enfermedad o tiene un origen socio-familiar?

Esta es la pregunta que se trató de responder el pasado martes durante la mesa redonda ‘La salud mental infanto-juvenil a debate. Enfermedad o disfunción socio-familiar’, celebrada en el marco del curso ‘Adolescencia y problemas de conducta: las personas menores ante la Justicia’ organizado por la Fundación Cursos de Verano de la UPV (UIK) en el Palacio Miramar de Donostia. En esta conferencia participaron Begoña Antúnez, facultativo especialista en psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Universitario de Donostia, y Maitane Cárcamo, que aportó el punto de vista de la protección infantil desde el servicio de protección a la infancia y adolescencia de la Diputación de Gipuzkoa.

Antúnez comenzó su intervención recordando que históricamente no se ha prestado suficiente atención a las alteraciones psicopatológicas en la infancia, ya que se consideraba una fase asociada a la edad. Sin embargo, apuntó que en este contexto «se pueden colar síntomas de alguna psicosis».

Actualmente, indicó, existe una mayor conciencia sobre este tema, centrada en una detección temprana y un tratamiento precoz. No obstante, hasta 2021 el Estado español ere uno de los únicos tres países de la Unión Europea que carecía de servicio de atención a la salud infanto-juvenil.

Influencia de la pandemia

Respecto a la CAV, Antúnez centró su ponencia en el caso de Gipuzkoa, donde se observa claramente la influencia que tuvo el confinamiento por la pandemia de covid-19 a partir de 2020. Mientras que, según datos de Osabide, la tendencia de los últimos años se mantuvo estable hasta ese año, con unas cifras que oscilaban entre los 100 y 110 ingresos al año, en 2021 y 2022 se registraron 142 y 145 altas hospitalarias, respectivamente.

Todavía sobre estos datos, señaló que el 80% de los ingresos de 2022 correspondían a niñas, que la edad media de los jóvenes fue de 15,5 años y que el 22% eran reingresados, es decir, volvieron a entrar en el mismo año que fueron dados de alta por primera vez. La estancia media en los centros fue de 19 días, aunque algunos ingresos superaron los tres meses.

Antúnez apuntó a los trastornos afectivos como factor mayoritario de los ingresos de los jóvenes, en un 41% de los casos, mientras que conductas suicidas (13,8%) y la anorexia nerviosa (12%) han sido los siguientes casos más habituales. «Son ingresos habitualmente muy largos, porque vienen de situaciones horribles a nivel orgánico», declaró la psiquiatra del Hospital Universitario de Donostia. Además, un 68,42% de los jóvenes ingresados tenían comorbilidad,

En este contexto, aludió también a la «necesaria creación» de más recursos en Gipuzkoa para atender adecuadamente a estos jóvenes. Esto permitiría, dijo, tener ingresos más largos que, a su vez, reducirían el número de reingresos. «En Gipuzkoa se multiplicaron las consultas urgentes de menores de manera exponencial tras el desconfinamiento. Nos vimos huérfanos de recursos. Esta situación llegó a su máxima expresión entre tres y nueve meses después, desbordando cualquier posibilidad de intervención urgente con los medios existentes hasta la fecha», recordó.

«La pandemia nos ha evidenciado la fragilidad de la infancia»

Al final de su intervención, Antúnez explicó cuáles son a su parecer los puntos sobre los que hay que trabajar a partir de ahora. Así, desde el confinamiento se registró un aumento de sintomatología ansioso-depresiva, TCA, fobias, síntomas obsesivos y de los intentos autolíticos. «La pandemia de covid-19 evidenció la fragilidad de la infancia y adolescencia, pero también un gran déficit de recursos y de profesional especializados», sentenció.

Y, finalmente, volviendo a la pregunta inicial sobre el hecho de relacionar la salud mental con una enfermedad o con un origen socio-familiar, Antúnez se mostró clara: «Probablemente no sea ‘o’, sino ‘y’. Los dos factores influyen y, a mi entender, mucho».

Contacto con Servicios Sociales

Por su parte, Cárcamo reflexionó sobre los datos que apuntan que el 31,4% de los menores ingresado son niños tutelados por la Diputación Foral de Gipuzkoa e institucionalizados, mientras que un tercio de los restantes está en el sistema de protección a la infancia y otro tercio tiene contacto con servicios sociales por dificultades en el ámbito familiar. Solo el 11,5% no ha tenido nunca contacto con los Servicios Sociales.

«Estos datos son positivos, porque significan que los niños están detectados y que estamos trabajando con ellos. Otro tema es si estamos llegando en el momento más adecuado», explicó. Sobre estos menores, cree que no ha habido «una situación única» en sus vidas que los hayan llevado a este punto, sino que normalmente corresponden «a diversas situaciones traumáticas».

A 31 de diciembre de 2022, 1.611 menores de edad tenían un expediente de protección abierto. De ellos, 803 estaban siendo atendidos sin medida legal (es decir, no estaban tutelados) y 808 estaban siendo atendidos con alguna medida legal de protección. Finalmente, 381 estaban en acogimiento familiar y 427 en acogimiento residencial.