La pregunta es inevitable: ¿Cuántos conflictos ecológico-distributivos hay en el mundo? «Eso no lo sabe nadie: sin duda, muchísimos», responde el profesor Joan Martínez-Alier, codirector junto con Leah Temper, del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). De momento, ya se pueden dar los primeros datos: en solo cinco años de trabajo se han identificado 2.100 conflictos mediambientales en diferentes lugares del mundo, en los que han muerto 260 personas. El país con mayor número registrado es la India. Por cierto, que Euskal Herria también aparece con los proyectos de tren de alta velocidad, la incineradora de Zubieta, el fracking, el embalse de Itoitz y la energía nuclear, léase la clausurada Lemoiz o la preocupante Garoña.

Puesta en marcha en 2012, esta plataforma on-line interactiva añade una media de 350 casos anuales, uno nuevo al día, y se nutre del trabajo de un equipo internacional compuesto por un centenar de investigadores y activistas medioambientales quienes, a través de una metodología de colaboración, proponen los casos a incorporar al atlas (ejatlas.org) mediante una ficha informativa de unas 5 o 6 páginas para cada uno de ellos. Los usuarios pueden buscar y filtrar entre un centenar de campos y visualizar los conflictos por tipo de compañía o país. Por ejemplo, se puede tener una visión global de los conflictos nucleares, de residuos tóxicos, problemas de minería o de agua al clicar sobre los puntos ubicados en los mapas, ya que se obtiene información sobre los actores implicados, la descripción del hecho concreto, las fuentes de información y los resultados de las acciones de unos y otros. Cualquier mapa creado a partir del campo de búsqueda y filtro se puede poner en páginas web externas o compartir a través de plataformas sociales.

¿Pero, cuál es el objetivo? Este atlas es uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade), financiado con 3,8 millones de euros y que engloba a 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países. Basado en los conocimientos de organizaciones activistas, el inventario de casos de conflicto ambiental pretende facilitar la búsqueda de información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos. También se podrá utilizar en el ámbito de la educación y para la defensa legal de casos o como base para estudios de ecología política comparada con temas territoriales y transversales. De momento, el atlas es comparable a un mapa medieval, con buena cobertura de algunas áreas y con espacios y regiones vacíos... aunque se va llenando a pasos agigantados.

De momento, se han identificado 2.100 conflictos de los cuales en 260 casos, un 12% de los registrados, han muerto defensores ambientales (una o más personas en cada caso), la mayoría en América Latina y Asia. No obstante, son datos parciales porque todavía no se dispone de suficiente información de otras zonas en las que es más que probable que hayan sucedido muertes similares. Como explica el profesor Martínez-Alier, quien recibió en 2016 un Advanced Grant de dos millones de euros del European Research Council para continuar la iniciativa hasta el año 2021, uno de los indicadores del nivel de gravedad del conflicto es precisamente que las vidas de las personas hayan sido vulneradas, ya sea por el impacto ambiental, es decir por la contaminación u otros daños producidos por un proyecto, o por el asesinato de activistas que se manifiestan en contra de un proyecto determinado.

Este fue el caso de las ecologistas Teresina Navacilla y Gloria Capitán en sendos casos en Filipinas en 2016, o el de la hondureña Berta Cáceres, a la que también mataron el año pasado por luchar contra la construcción de una hidroeléctrica en el Río Gualcarque, una fuente vital para la supervivencia de los indígenas Lenca de la zona.

El fracking y lo nuclear. El atlas también permite identificar 360 casos considerados de éxito en los que la justicia ambiental se ha impuesto, ya sea por movilizaciones o judicialmente, como en situaciones de explotación de minas, construcción de infraestructuras, una plantación de palma de aceite o una incineradora. Estos 360 casos de éxito, que suponen un 17 % del total, están en su mayor parte en América del Sur, con 95 casos, seguido por Europa Occidental, con 55 casos de éxito.

«El aumento y los cambios en el metabolismo social (los flujos de energía y materiales en la economía) son las causas principales de los conflictos», recalca el profesor Martínez-Alier. «El atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta», agrega. «Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para poder acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud. Las injusticias medioambientales involucran a una gran variedad de actores, incluyendo los estados y las empresas de los países de la OCDE, pero con participación creciente de los países BRICSs (países de economía emergente) y otros».

El fracking del gas, actividad que consiste en la extracción de gas natural de yacimientos no convencionales y que en Euskal Herria ha provocado una fuerte resistencia social, es uno de los temas nuevos y de los que apenas se hablaba cuando el EJAtlas fue presentado en público por primera vez en marzo de 2014 con un total de 920 conflictos. Ahora está totalmente «de moda». También destacan los de la extracción de arena de playas para la obtención de minerales como ilmenita (materia prima para el titanio), el rutilo y zirconio. Hay varios conflictos de este tipo registrados en Madagascar, Sudáfrica y en Tamil Nadu en la India. Surgen también nuevos casos por la oposición a la minería y a la quema de carbón o la extracción de petróleo o gas, que se vinculan no solo con amenazas locales a la calidad del ambiente y especialmente del agua, sino también al cambio climático por excesivas emisiones de dióxido de carbono por la combustión de esos materiales.

Ejemplo de ello es el movimiento alemán Ende Gelände que se manifiesta contra la minería de lignito que se quema en centrales termo-eléctricas y, al mismo tiempo, contra el cambio climático con invasiones simbólicas y pacíficas de las minas de lignito cerca de Colonia y de Berlín. En otros conflictos recientes de África y América Latina aparecen, cada vez más, empresas chinas.

En el Estado español, el EJAtlas ha recopilado hasta el momento, gracias a la información facilitada por varias organizaciones ecologistas, 55 conflictos ambientales, entre ellos la evacuación de residuos (como las cementeras que queman basura) o los que están relacionados con infraestructuras de obras públicas y de turismo, así como con las centrales nucleares. Este último tipo de conflicto vuelve a estar en auge en toda Europa treinta o cuarenta años después de los conflictos que hubo acerca de su construcción, ya que al estar envejecidas «conforme pasan los años el riesgo de accidente en estas centrales nucleares es cada vez mayor, pero son los intereses económicos de las empresas los que no permiten su cierre definitivo», explica el profesor. «Es el caso de Garoña y también de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, que despierta muchos recelos en Portugal», añade.

Esta problemática ocurre también en otros lugares del mundo y especialmente en Japón, donde muchas personas se pronuncian en contra a la reapertura de las casi cincuenta centrales nucleares detenidas tras el accidente que ocurrió en 2011 en Fukushima.