El otro día escuchaba una entrevista a un psiquiatra, quien explicaba cómo nos llevamos las manos a la cabeza cuando un constructor chantajea a un alcalde o político para obtener licencias de construcción y, sin embargo, la Administración pública permite que representantes de laboratorios y farmacéuticas privadas subvencionen congresos o premios destinados a que médicos y demás especialistas clínicos receten los fármacos de su compañía. El entrevistador le preguntaba cómo se podía acabar con esa puerta giratoria y lo cierto es que tanto la pregunta como su respuesta me llevaron a pensar en una situación similar que se da en el mundo de la nutrición y la alimentación: la industria alimentaria.

Resulta que la Administración pública también permite que empresas privadas y gigantes de la industria alimentaria programen y lleven a cabo campañas y estudios sobre alimentación saludable. Este lavado de imagen nutricional es similar al que realizan las corporaciones que dañan el medio ambiente con campañas en las que se presentan preocupadas por el medio ambiente.

¿Cuál es el problema?, pensarán algunos. Pues que estas corporaciones que dominan la mayor parte del mercado mundial de alimentos y que comercializan productos (que no alimentos, no lo olvidemos) con exceso de azúcares, grasas y sal, entre otros ingredientes indeseables, luego realizan actos solidarios donde donan sus productos como si fuesen alimentos de primera necesidad y participan y promueven campañas de salud pública que tratan de “luchar” contra las patologías que sus propios productos favorecen: diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión... La estrategia de estas grandes corporaciones, como Nestlé, Coca-Cola o Pepsico, incluye una fuerte inversión en publicidad de acciones de solidaridad y salud pública.

Ejemplos de lo que han hecho algunas multinacionales: La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha permitido poner su logo en productos como los cereales Chocapic o las galletas Dinosaurus, y la Fundación Española de Nutrición tiene como promotoras a empresas como Campofrío, Pepsico, Macdonalds o Telepizza. Entre los años 2010 y 2016, un total de 74 organizaciones sanitarias del Estado español recibieron de Coca-Cola más de 6 millones de euros, entre ellas la Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) y un largo etcétera. Todas estas, casualmente, están muy comprometidas con la Administración pública en su “lucha” contra la obesidad, participando también en la Estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

En fin, que aunque nos quieran vender la moto con ciertas campañas sobre salud, la gran industria alimentaria es, como dicen ahora los jóvenes, todo lo que está mal en el mundo de la nutrición y la salud.