El pasado 10 de enero un grupo de enfermos de Hepatitis C entró en el hospital Virgen del Camino con el objetivo de iniciar un encierro para reivindicar el acceso a nuevos tratamientos a través de criterios médicos y no económicos, como venía haciendo el Gobierno de UPN. No esperaban doblegar la posición de Yolanda Barcina inmediatamente, pero tampoco entraba en sus previsiones ser desalojados por la fuerza y por la vía rápida por agentes de la Policía Foral, que es lo que finalmente ocurrió.

No es más que una de las numerosas actuaciones que las diversas fuerzas de seguridad instaladas en Nafarroa han llevado a cabo a lo largo de los últimos años en contra de las más diversas movilizaciones políticas y sociales convocadas en el herrialde. Unas actuaciones represivas llevadas a cabo hasta por cuatro fuerzas de seguridad diferentes (Policía española, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal en casos como el de Iruñea), muchas veces de la mano de poderes políticos y judiciales.

Es el caso del Herri Harresia formado en la plaza Nabarreria el 13 de octubre de 2013 para arropar y proteger a Luis Goñi, sobre quien pendía una orden de busca y captura. Tras una manifestación por las calles de Iruñea, centenares de personas, entre las cuales apareció Goñi, se concentraron en Nabarreria. En una intervención expeditiva, ya de noche, la Policía española (incluidos agentes de paisano con pasamontañas que emulaban una calavera) respondió a la resistencia pasiva de los que rodeaban a Goñi a golpe de porrazo. Y siguieron hasta hacerse hueco y llevarse al joven de Barañain.

Si el caso del Herri Harresia fue cuestión de un día concreto, hay acciones represivas convertidas casi en liturgia, como las del chupinazo de sanfermines. Desde que UPN decidió vetar la ikurrina, cada 6 de julio, con el inicio de las fiestas, se libra en las calles de Iruñea la batalla para conseguir que en la plaza del Ayuntamiento esté presente también la bandera con la que se identifican buena parte de los navarros. Esta batalla tiene momentos épicos como en 2013 con los arrantzales, pero acostumbra también a ser escenario de violentas intervenciones policiales. Unas actuaciones que se extienden a otros momentos de las fiestas como el intento de riau-riau en 2012, el paso de la procesión por la calle Curia o las surrealistas cargas policiales en el encierro de la Villavesa también en 2012.

Actuaciones policiales como las del chupinazo tienen como protagonista a la Policía Municipal de Iruñea, cuyas actuaciones han saltado a los titulares desde que la entonces alcaldesa de Iruñea Yolanda Barcina pusiese al frente de la institución al exmilitar Simón Santamaría. Precisamente el martes se conoció que el mismo Santamaría tendrá que abonar 150.000 euros en concepto de fianza por responsabilidad civil, como paso previo al inicio del juicio oral en el que se le acusa de delitos de prevaricación y contra la integridad moral de una agente.

Ni el acta de diputado te salva

Igual que los chupinazos, las huelgas generales también son escenario de violentas actuaciones policiales, más todavía en un contexto de crisis como el que se vive en los últimos años. Y que se lo digan si no al parlamentario de Amaiur Sabino Cuadra, que ni con los papeles del Congreso español en la mano se libró de la agresión policial en la huelga general del 26 de setiembre de 2012. Una imagen que dio la vuelta al mundo y llegó incluso a la portada del influyente ‘‘Financial Times’’. El pan de cada huelga general en Nafarroa.

Buen y desgraciado ejemplo de este modus operandi en las huelgas generales es el caso de Aingeru Zudaire, joven de Atarrabia que perdió gran parte de la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma disparada por un policía, también en la jornada del 26 de setiembre de 2012. La justicia archivó por la vía rápida la denuncia de Zudaire y hoy en día, estas armas lesivas, mortales en casos como el de Iñigo Cabacas, y de trayectoria impredecible, siguen en las armerías de las unidades antidisturbios de la Policía Foral y de la Policía española, resistentes a seguir los pasos de los Mossos d’Esquadra, a quienes el Parlament catalán obligó a sustituir las balas de goma por proyectiles menos lesivos.

Las actuaciones policiales cuentan a veces con reediciones al cabo de los años. Es el caso del desalojo del gaztetxe Euskal Jai de Iruñea en verano de 2004, vaciado por la fuerza tras diez años de ocupación. Una violenta actuación urbanística contra la que se movilizaron activistas del gaztetxe y vecinos del casco viejo de la capital navarra y que solo pudo llevarse a cabo tras duras intervenciones por parte de la Policía española. Marcó a una generación de iruindarras. No en vano, la persecución de la disidencia tuvo en este caso su reedición hace un año, con tres detenidos durante los actos de conmemoración de la ocupación del gaztetxe.

Pero puestos a echar la vista atrás, conviene recordar los testimonios escuchados este año en el Parlamento navarro, llegados en algunos casos con tres décadas de retraso. Pese al voto en contra del PP, víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado como los familiares de Mikel Arregi y Mikel Zabalza han aportado este año su testimonio en el Parlamento. Al primero, concejal en Lakuntza y militante de HB, le mató en 1979 la Guardia Civil en un control de carretera, mientras que al segundo lo encontraron muerto en el Bidasoa previo paso por el cuartel de Intxaurrondo. También aportaron sus testimonios la familia de Ángel Berrueta, muerto a tiros por un policía español el 13 de marzo de 2004, y el exalcalde del PSN de Antsoain Alfredo García, quien relató cómo un policía disparó un tiro en la cabeza a José Luis Cano el 13 de mayo de 1977 en la calle Calderería de Iruñea.

Y del pasado todavía abierto, al presente más inmediato, que sirve para recordar que, pese a que la represión policial acostumbra a ser la más mediática, suele venir acompañada de la represión judicial. Sin ir más lejos, la semana pasada 10 jóvenes de Iruñerria tuvieron que rememorar ante la Audiencia Nacional las torturas sufridas durante su detención (testimonio que UPN, PP y PSN se negaron a escuchar en el Parlamento). Ahora aguardan la sentencia en la que podrían ser condenados por su actividad política juvenil, que es precisamente lo que ocurrió esta semana con otros siete jóvenes juzgados (junto a otros 21) el pasado otoño, entre ellos Ibon Esteban, del barrio iruindarra de Errotxapea, actualmente en búsqueda y captura.