La población de este país comenzó el pasado 25 de abril a convocar marchas que se llevan a cabo los sábados en las principales ciudades. Participan intelectuales, clases medias, empresarios e indígenas unidos por un sentimiento de repulsa a la gestión corrupta de los recursos públicos.

Este movimiento sin precedentes surgió gracias al ingente trabajo realizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano de las NNUU que ha destapado estos meses numerosos casos de corrupción. Se trata de un estamento único en el mundo, cuya creación fue acordada en 2006 por la ONU y el Gobierno de Guatemala.

El pasado 16 de abril el Comisionado de este organismo, el colombiano Iván Velásquez, destapó el «caso de La Línea», que ha hecho tambalear al Gobierno. La vicepresidenta Roxana Baldetti dimitió el 9 de mayo por su supuesta implicación en este caso de corrupción, por el que ya han sido detenidas 29 personas, incluidos altos cargos del Estado. La última arrestada fue la propia Baldetti. Este caso investiga una trama dedicada al fraude fiscal y aduanero que ha defraudado millones de dólares a través de la entrada ilegal en el país de 500 contenedores de carga por los cuales se pagaban menos impuestos que los debidos. Según la investigación, la mitad de lo recaudado iba a parar a manos de los implicados en esta organización, que estaba dirigida por quien fuera secretario privado de la ex vicepresidenta, Juan Carlos Monzón (hoy en busca y captura).

Es la punta del iceberg. Velásquez se ha empeñado en sacar a la luz todo el entramado de mafias que operan con el beneplácito de los gobernantes en un país donde tres de cada diez ciudadanos viven en la pobreza extrema y donde empresas extranjeras esquilman sus recursos naturales y expulsan de sus tierras a miles de indígenas.

A un año de cumplirse el vigésimo aniversario de la firma de los 12 acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra que duró 36 años han surgido movimientos que desean dar un vuelco a la estructura del Estado. No se conforman con unas elecciones.

Las clases medias urbanas fueron las primeras en convocar las protestas que se repiten cada fin de semana. Exigen la renuncia del presidente y de los políticos corruptos, así como una reforma del sistema. La primera gran movilización, organizada por una veintena de organizaciones bajo los hastag #JusticiaYa, #RenunciaYa y #SomosPueblo, entre otros, reunió el 25 de abril a más de 35.000 personas en la capital, cifra que llegó a las 60.000 el 16 de mayo. La participación bajó luego, pero cada fin de semana se reúnen más de 2.000 personas con carteles en los que se puede leer «Yo amo a la CICIG»; «Respeten mi futuro, no se lo roben» y «No a la corrupción y a la impunidad».

Las protestas se han intensificado tras la decisión del Congreso de no retirar la inmunidad del presidente, tal como exigía un diputado opositor para que pudiera ser investigado en el «caso La Línea» y en otro que afecta a la venta ilegal de medicamentos por parte de la Seguridad Social. Tras conocerse la decisión, 5.000 personas salieron a la calle el 15 de agosto en la capital del país.

División entre los empresarios

El segundo gran movimiento surgió en junio. La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, convocada por la Universidad Pública de San Carlos de Guatemala, es capaz de presentar en el Congreso iniciativas de ley. En ella participan más de 130 organizaciones sociales, universidades y el empresariado integrado en CACIF. Su objetivo es reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como lograr la renuncia de Otto Pérez Molina: «Ha perdido credibilidad y legitimidad para desempeñar su cargo».

El director del periódico online Nómada, Martín Rodríguez Pellecer, declara a GARA que «no basta» con la renuncia del presidente, a quien augura un futuro similar al del ex presidente Portillo: estuvo preso 4 años en Guatemala y otro año y medio en EEUU, tras admitir haber utilizado bancos estadounidenses para lavar 2,5 millones de dólares. Pellecer reconoce que aún no hay ninguna fuerza que aglutine el descontento general y constata la división existente entre los empresarios: «Algunos apoyan las reformas y abogan por derribar el sistema; otros siguen aprovechándose de él».

El tercer pilar que recoge la indignación es la Asamblea Social y Popular, que trata de recuperar el espíritu de los acuerdos de paz. En él participan movimientos indígenas, asociaciones populares, sindicatos y feministas. Reclaman recuperar luchas históricas como la reforma agraria, la reforma constitucional y los derechos de los pueblos indígenas, que se han opuesto en los últimos años en 73 consultas comunitarias a las industrias extractivas y a las hidroeléctricas que les perjudican. El Gobierno ha hecho caso omiso a estas consultas.

En este clima de malestar han convocado unos comicios que también se han visto marcados por la violencia: 10 personas han fallecido violentamente durante el proceso electoral entre el 1 de marzo y el 12 de agosto. Además, la Justicia ha abierto 14 procesos por corrupción contra candidatos de diversos partidos, entre ellos, el candidato a la Vicepresidencia del opositor LÍDER, Edgar Barquín, acusado de tráfico de influencias y vinculación con una estructura de lavado de dinero. Ajeno a todo ello, el ex dictador Efrahín Ríos Montt espera a que mañana una jueza decida si le somete o no a un nuevo juicio acusado del genocidio de 1.771 indígenas ixiles del departamento de Quiché durante su régimen (1982-83), después de que su sentencia a 80 años de prisión por estos hechos fuera anulada en mayo de 2013 por irregularidades en el proceso judicial.