El llamado «proceso» catalán hacia la independencia se encuentra en una fase crucial. La disolución del Parlamento autonómico catalán y la convocatoria de elecciones para el próximo 27 de septiembre aboca a una situación compleja pero de una importancia enorme tanto para el propio Principado como para el resto de naciones del Estado español, incluida la nuestra, y también para el conjunto de Países Catalanes.

En el seno de la sociedad catalana existía un movimiento que se definía con claridad por la independencia, por la constitución de un estado independiente del español. Desde el punto de vista intelectual, un dato de gran importancia fue la publicación en 1999 del libro “Jo no soc espanyol” de Víctor Alexandre, en el que un conjunto importante de personas de reconocido prestigio expresaban sin complejos no solo su «ser catalán», sino su «no ser españoles». Todos se declaraban partidarios de la independencia. Fue un punto de inflexión a partir del cual defender un estado catalán independiente dejaba de ser algo insólito o tabú para acceder a la normalidad cotidiana.

En 2006, por iniciativa del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y del líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, se planteó la necesidad de lograr para Catalunya un estatuto de autonomía más ambicioso en términos simbólicos –reconocimiento de Catalunya como nación–, que otorgara al Principado más competencias y que tenía puesta la mira en una reforma federal del Estado español. Estas aspiraciones rápidamente se vieron truncadas a pesar de su respaldo entre la población catalana en referéndum y su aprobación inicial por el Congreso español, con escaso margen e importantes conflictos, tanto entre los partidos catalanes que lo habían aprobado como, sobre todo, con las fuerzas españolas. El recurso ante el Tribunal Constitucional español en el mismo 2006, con la sentencia de 2010, en la que, en frase del inefable Alfonso Guerra, se lo «cepillaron», supuso una enorme bofetada a la sociedad catalana.

Al menosprecio de esta sentencia se unieron varios hechos, entre los que destacan dos por su trascendencia. El primero, la agresividad del Estado español hacia la inmersión lingüística en catalán, agravio simbólico. El segundo, material y económico, el completo abandono de infraestructuras de comunicación básicas como el corredor mediterráneo y la estructura ferroviaria de cercanías en Barcelona por parte del Estado español.

Este cúmulo de circunstancias propició una reacción popular progresiva, cada vez de mayor calibre. Ya en 2007 hubo una manifestación sobre el déficit de infraestructuras en la que se reclamaba el «derecho a decidir». En 2009 comenzaron a celebrarse consultas, la primera en Arenys de Munt, fuera de la legalidad española, sobre el apoyo a la independencia, en gran cantidad de poblaciones del Principado, incluyendo su capital, Barcelona. En julio de 2010, contra la sentencia del Constitucional español, con el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”. “Cataluña, nuevo Estado en Europa”, en la Diada de 2012, supuso un salto cualitativo de gran importancia. Esta progresión aumentó en cuanto a participación y, sobre todo, la cualificación sobre la exigencia de la independencia. La Vía catalana de 2013 y la gran V humana de 2014 fueron su consolidación numérica y popular. La exigencia de independencia por parte de Catalunya se ha convertido en un dato adquirido y sin vuelta atrás. Ante la cerrazón del Estado español, se convocó otra consulta el 9 de noviembre de 2014, por supuesto también ilegal, a nivel general del Principado, sobre el apoyo a la independencia. Votaron unas 2.300.000 personas de las que más de 1.800.000 apoyaron la independencia. Artur Mas y una parte de su Gobierno autonómico están procesados por los tribunales españoles a raíz de esta convocatoria.

Con todos estos datos en la mano, Catalunya se enfrenta a cómo dar el paso desde la actual legalidad autonómica española a lo que consideran la legitimidad democrática de Catalunya mediante su constitución en estado independiente. El actual estatus político autonomista no quiere dar saltos en el vacío ni pasos en falso para garantizar la estabilidad de una sociedad occidental con un relativo buen nivel de vida medio en un tránsito que consideran necesario para mantenerla, ya que caso de no darlo perduraría el expolio de Cataluña por parte del Estado español, la apabullante carencia en infraestructuras y la manifiesta actitud de supremacía lingüística y cultural de España.

Para lograr el paso de una «legalidad» que les asfixia a una «legitimidad» que se presenta como emancipadora, las fuerzas de la sociedad civil catalana, secundadas por los partidos políticos del stablishment, han acordado una convocatoria «legal» de elecciones autonómicas por parte del presidente de la Generalitat autonómica, Artur Mas, para el próximo 27 de septiembre. En estas elecciones pretenden reflejar la voluntad de la sociedad catalana a favor de su independencia política. Tras complicadas negociaciones han logrado formar una candidatura unitaria, “Junts pel Sí”, cuyo único objetivo es proclamar la independencia del Principado. Esta candidatura engloba a los principales movimientos de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Omnium Cultural, personalidades destacadas del mundo intelectual, académico y deportivo, y a los dos partidos políticos con mayor peso: Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Con el mismo fin se suman las gentes de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con un marcado carácter alternativo y anticapitalista.

En el campo contrario intervienen los partidos y agrupaciones del espectro nacionalista español descarado. Actúan abiertamente apoyados por las cloacas del Estado, fondos de reptiles y la prensa amarilla, comenzando por “El País” y “La Vanguardia” como adalides mediáticos que en este campo no van a la zaga del zafio nacionalismo de “La Razón”, “Abc” y el resto de Vocento. En otro terreno pretenden jugar los adalides de una pretendida alternativa social, encabezada por Podemos y los antiguos dirigentes de Iniciativa per Catalunya (ICV-els Verts) que, en curiosa mezcolanza, han logrado la alcaldía de Barcelona en la persona de Ada Colau. Con un discurso seudoizquierdista y supuestamente alternativo se enfrentan, a veces con claridad y en otras con disimulo, al proceso liberador que supone la independencia real. Su presunto discurso «social» no plantea la ruptura con quien origina los principales problemas («sociales» y en general) de Catalunya: el Estado español, con su estructura unitaria, autoritaria y corrupta, heredero directo del fascismo que rigió el Estado a partir de la victoria bélica de 1939.

Catalunya se juega el futuro en este momento. Las elecciones son un punto de convergencia de quienes quieren la emancipación del Principado. Pero, sobre todo, en caso de ganarlas los independentistas, significan un punto de partida y no retorno a un conflicto mucho más serio y que se dirimirá en la propia relación de fuerzas interna, pero también en el contexto internacional. España sin Catalunya entrará en una crisis de la que no saldrá indemne. Y eso en el caso de que salga y no estalle en pedazos.

Entretanto nuestra nación, Euskal Herria, con nuestro Estado –Navarra– duerme en el limbo de los justos. Parece que hechos de tanta trascendencia política, social y económica ocurren en otra galaxia, como si no nos afectaran. Se percibe cierta expectación y simpatía a nivel popular, pero una absoluta ausencia en los programas y posiciones de los partidos políticos y otras organizaciones sociales, como los sindicatos que, teóricamente al menos, tienen gran peso entre nosotros.

Cualquiera diría que la posibilidad de que la crisis del Estado español genere una implosión y un escenario propicio para nuestra propia independencia no interesa demasiado a nuestros políticos. Pero si la tierra tiembla y se abre ante nuestros pies, ¿se puede pasar de puntillas?