Para frenar la involución autonómica, Catalunya y la CAPV presentaron en Madrid el Estatut y Estatuto Político respectivamente. El Estatut fue «cepillado» (palabras de Alfonso Guerra) por el Estado en dos ocasiones. La primera, Zapatero en el Congreso, y la segunda, previo recurso del PP, el Tribunal Constitucional. El proyecto quedó irreconocible. El Estado negó cualquier posibilidad a un acuerdo que habría dado satisfacción a CiU y al entonces tripartito.

La sociedad catalana reaccionó y su movilización obligó a asumir unos referentes políticos que a la política más conservadora en Catalunya le costaba hacer suyos. Esa movilización social no dudó en interpelar, principalmente, a las fuerzas políticas catalanas.

¿Qué han concluido? Que España niega la capacidad de decidir sobre cuestiones esenciales para sus vidas económicas, sociales, culturales, educativas… todos los intentos para dar solución a las legítimas y democráticas aspiraciones catalanas han sido despreciados por el Estado: Cataluña debe hacer lo que el Estado manda, y si los electos no lo hacen, se les sanciona, bien sea con cárcel o con inhabilitación. En Catalunya decidieron hacer pedagogía política del «no» español; vieron la oportunidad política que ofrecía un españolismo rancio, necio y antidemocrático. Una pedagogía que permitía identificarse con el independentismo a personas que no eran nacionalistas. Asumieron la responsabilidad que conllevaba ejercer de ciudadanos con derechos, no de súbditos.

En Euskal Herria podríamos decir que el Estado ha reaccionado aún peor, por su negativa a resolver con un mínimo de sentido común las derivadas de un conflicto violento; quizás porque sabe que con su posición bloquea la agenda política vasca ocupada en una guerra de relatos sobre el pasado.

Euskal Herria también se ha encontrado con una España uniforme, neocentralista desde la Loapa, sin variaciones con el PP o el PSOE y cada día más involutiva en todos los órdenes, haciendo de la legislación básica su mecanismo preferido de unificación. Un Estado que aprovecha la crisis para acelerar los ataques al autogobierno en aspectos esenciales de la política económica y social. Pues bien, fue el PSOE quien se negó a tramitar en las Cortes españolas el Estatuto Político aprobado por el Parlamento Vasco. Esto sucedió antes que lo del Estatut. La defensa que hizo el lehendakari Ibarretxe en sede parlamentaria española del Proyecto fue muy digna pero, obviamente, no era cuestión de argumentos y razones. A aquel Plan le faltaban cosas esenciales; le faltaba proceso participativo previo y alianzas sólidas en nuestro País. Le faltaba, como más tarde se pudo comprobar, incluso el apoyo de su propio partido, el PNV.

Al cajón. El Estatuto se metió en un cajón. No hubo consulta ni proceso. Desapareció como si nunca hubiera existido. Hubo y hay elecciones. Desaparecieron unas personas de escena y surgieron otras y, con ellas, se volvió a apelar a los acuerdos bilaterales y a la transversalidad con España. Ese referente a la transversalidad con el PSOE o PP es compatible con la desconfianza a todo aquello que no sea institucional. Nada de participación social; nada de compartir con nadie reflexión y propuestas sobre cómo hacer frente a un reto muy difícil: desarrollar el proceso soberanista.

El autonomismo murió. Lo derribó el Estado en un proceso planificado. Sin embargo, no se admite esa evidencia y sigue siendo el referente político del Gobierno vasco y del PNV. El autogobierno no crece; al contrario, cada vez es menor. Mantener el referente autonomista no es ajeno a los intereses del mundo económico vasco, muy cómodo en España. Basta comprobar la postura beligerante del Círculo de Empresarios Vascos, del que forman parte exconsejeros del Gobierno Vasco, contra el proceso catalán.

Así las cosas y en 2015, ELA cree que no nos encontramos en el Estado español en el inicio de un proceso constituyente y que del debate territorial, si se produce, no se debe esperar nada distinto a lo conocido. El proceso catalán parte de esta conclusión; han decidido que la suerte de sus aspiraciones está en Cataluña y reside en sus ciudadanos.

En la CAPV, sin embargo, se repiten ciclos sin objetivo estratégico ni táctico. Poner en marcha otra Comisión Parlamentaria supone volver a empezar, y eso sirve solo para agotar legislaturas. Esta legislatura se ha consumido esperando a que la «discreción» de la relación con el PP diera frutos y, como no podía ser de otra manera, no hay ninguno; solo continuos retrocesos.

El Gobierno Vasco, para esa Comisión, ha elaborado unos Informes sobre el autogobierno. Tampoco en esos Informes hay nada nuevo. Favorecen un debate cargado de ruido sin consecuencias políticas. ¿Cuántas veces se han elaborado informes así? El Gobierno, al presentar los informes, dijo que el «autogobierno está en crisis» como si fuera una novedad. El Gobierno Vasco ha reducido su «oposición» a Madrid a presentar recursos al Tribunal Constitucional, un Tribunal aún más político que aquel al que, «por ser cualquier cosa menos imparcial», el propio Gobierno Vasco dijo hace más de 20 años que no volvería más.

El Gobierno Vasco sabe que los acuerdos con el PP o con el PSOE solo son posibles renunciando a la posición política vasca, como sucedió con las transferencias de las políticas de empleo.

¿Qué queda como hecho diferencial? El Concierto Económico. Llama la atención la gestión nada transparente que del mismo se ha hecho y que la capacidad normativa fiscal se utilice para beneficiar a las rentas altas, empresariales y de capital. También se evita hablar de que en España se está organizando un frente político con apoyo de los medios de comunicación (“El País” entre ellos) para acabar con el sistema del Cupo.

Las conclusiones políticas catalanas que han llevado al 27 de septiembre nos parecen proporcionales y correctas. Ojala venzan para dar fuerza al proceso. Ojala venzan al miedo, la única arma –muy poderosa– del establishment político, mediático y económico español. Los conservadores siempre han defendido el statu quo que garantiza sus privilegios apelando al miedo. La realidad es que en una Catalunya independiente los bancos querrán seguir ganando dinero y la Coca Cola seguirá vendiendo la chispa de la vida. Vaya para los independentistas catalanes, humildemente, el apoyo de ELA para vencer ese miedo.

Las diferencias entre Catalunya y Euskal Herria no están en el trato recibido por el Estado; ha sido el mismo. Las diferencias estriban en la insistencia vasca en estrategias fracasadas y en la falta de audacia política.