El TVCP finalizó hace escasas semanas la fiscalización de la actividad de 2010 de la sociedad pública municipal Alonsotegi Eraikiz (el último en que desarrolló su actividad), procediendo al envío del documento al Ayuntamiento para que presente alegaciones y trate de justificar, si es posible, las importantes irregularidades detectadas en la gestión. En el informe se asegura que a la sociedad creada en octubre de 2003 para gestionar el desarrollo urbanístico derivado de las Normas Subsidiarias (NNSS) no se le hizo control económico alguno desde 2006 por parte del Ayuntamiento. A pesar de los requerimientos de la intervención, Alonsotegi Eraikiz no envió en 2006, 2007 y 2008 la documentación solicitada para que fuera auditada.

No se remitieron, por ejemplo, las adjudicaciones realizadas para verificar el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia que rigen en la administración pública, los procedimientos seguidos en la ejecución de los acuerdos y convenios suscritos, el destino de los fondos recibidos de Ayuntamiento y Diputación, los informes de auditoría y la aprobación de las encomiendas de gestión con el Consistorio para prestar servicios dentro del Área de Juventud y Medio Ambiente en 2008. Todos esos extremos ahora constatados por el TVCP se recogieron en un informe de la interventora del 15 de abril de 2011, en el que puso reparos a la liquidación sin disolución de Alonsotegi Eraikiz, que sin embargo fue aprobada en pleno por la mayoría del PNV el 28 de abril de ese año. Entonces, según denunció EH Bildu, el Ayuntamiento asumió una deuda de 4,3 millones de euros.

Sobre los convenios, el TVCP detecta que no hubo publicidad y concurrencia en el proceso por el que se vendieron los terrenos de la Unidad de Ejecución 1.1 a la inmobiliaria Basaldi por 4,3 millones de euros más IVA. Se cita que hay constancia de una convocatoria, pero no de documentación que la soporte y tampoco de las ofertas que se recibieron. Los terrenos de Soloburu y la obligación accesoria de presentar un proyecto para un nuevo centro de salud y un parking subterráneo en la plaza Madinabeitia fueron licitados, según el tribunal, «sin justificar la necesidad de hacerlo conjuntamente» y adjudicados el 25 de abril de 2007 por 5,4 millones de euros, incumpliendo el principio de publicidad necesario para la libre concurrencia.

También se advierte de que esos terrenos se licitaron por 3,2 millones para adjudicarse por 5,4, cuando en la tasación previa se cifraron en 5,9 millones los derechos municipales. Al licitarse terrenos que no eran municipales (pertenecían a la Diputación vizcaina), se escrituró en 3,5 millones de euros sin IVA, además de entregar los proyectos valorados en 300.000 euros, precio, tal y como apunta el TVCP, inferior a los 4,8 millones en que estaban tasado.

No pasa por alto el informe el contrato sin licitación (en diciembre de 2003) del gerente, Irkus Palacio, a su vez consejero de Alonsotegi Eraikiz por otra mercantil, a quien se abonaron 712.394 euros excluyendo los impuestos por ejercer la gerencia. Además, desde enero de 2004 a marzo de 2010 se facturó en concepto de servicios de asesoría fiscal y contable a la empresa BMP Abogados, de la que era presidente Palacio. También se cita el caso de tres contratos de consultoría y asistencia técnica en materia de urbanismo y arquitectura suscritos entre 2005 y 2007 con una firma vinculada al consejero Alberto Zulueta por valor de 536.963 euros. La ejecución de los contratos ascendió a 884.915 euros, y en 2005 Alonsotegi Eraikiz volvió a contratar otros trabajos con esa empresa por un importe de 101.379 euros.

De Zulueta, vinculado a las firmas Arkideak e Iztau además de profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPV-EHU, dice el TVCP que «dicho consejero realizó proyectos y direcciones técnicas a través de la citada empresa, para el adjudicatario de la obra de construcción del campo de fútbol, incumpliendo con el principio de objetividad, el régimen de incompatibilidades profesionales y el deber de abstención a los que queda sujeto dicho profesional por cuanto emitió informe técnico favorable previo a su contratación».

Este viernes habrá un pleno para abordar la deuda de Basaldi que se endosa a los vecinos

El informe del TVCP sobre Alonsotegi Eraikiz se conoce cuando continúan las movilizaciones de los vecinos de Errota Bidea, a quienes el Gobierno municipal pretende endosar la deuda de 1,12 millones de euros que dejó la inmobiliaria Basaldi por la urbanización de la plaza Madinabeitia. A instancia de EH Bildu, el alcalde ha convocado un pleno extraordinario para el viernes.

El PNV parece remiso a asumir que ha sido su mala gestión la que ha derivado en que los propietarios tengan que abonar entre 9.000 y 30.000 euros. Ante las presiones vecinales, el Consistorio pretende buscar una salida jurídica para que los afectados no paguen, pero se niega a reconocer su responsabilidad.

En ese contexto, el informe del TVCP no hace sino apuntar a la responsabilidad política del PNV en la quiebra de Alonsotegi Eraikiz. Mientras, en un juzgado de Barakaldo continúa la instrucción de la querella por prevaricación y malversación contra dos alcaldes y varios consejeros de la sociedad. A.G.