El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, se apoyó ayer en el diputado general, Markel Olano, para presentar la nueva fórmula escogida para construir la incineradora de Zubieta sin rebasar el techo de déficit. El escollo aparecido con la adscripción a Diputación de Gipuzkoako Hondakinen Konsorzioa (GHK) se solventa «sin que la Diputación tenga que endeudarse», dijo Asensio. Es una forma de verlo, pero lo que ocurrirá realmente es que habrá un «socio privado» al que las arcas públicas guipuzcoanas pagarán una cantidad fija –todavía no precisada pero sin duda muy alta dado el volumen de inversión– durante los próximos «30 a 35 años». Además, esa empresa, sociedad o holding podrá explotar la energía producida en la polémica planta de Zubieta.

El sistema es pues idéntico al «peaje en sombra» que ha provocado a las arcas navarras una tremenda hipoteca en el caso de la autovía Iruñea-Logroño (A-12). El Gobierno de Miguel Sanz recurrió en su momento al mismo argumento de evitar endeudarse y dejó que una promotora privada (con capital básicamente alemán) construyera la vía y la explotara por un periodo similar (30 años, lo que en su momento la convirtió en la concesión más larga de este tipo en todo el Estado). A cambio, cada año se le paga un canon en función del flujo de vehículos; de ahí la denominación «peaje en sombra» (no hay cabinas, pero la autovía no es gratis).

Así las cosas, la clave del impacto para las arcas públicas –ya sea en la A-12 o la incineradora– es el canon que se fije. En Nafarroa la operación se ha revelado ruinosa. La Cámara de Comptos calcula que para 2032, cuando concluya la concesión y se pueda rescatar la carretera, el Gobierno navarro habrá pagado por ella no menos de 1.157 millones de euros, el triple de lo que costó. Y a cada ciudadano navarro le habrá costado 1.780 euros.

Diputación de Gipuzkoa y GHK no aclaran por ahora cuál será el canon, pero sí lanzan dos afirmaciones inquietantes. Por un lado, confirman que el coste de todo el complejo será altísimo: «200 millones de euros en una primera fase», en la que se construirán la «planta de valorización energética» (incineradora) y el centro de tratamiento mecánico-biológico, a los que seguirán luego una planta de biometanización y un centro de valorización de escorias. Y por otro, se habla de fijar «un precio cerrado previamente, bajo la forma de pago por disponibilidad», lo que da a entender que no fluctuará según el volumen de residuos tratado (que teóricamente debería ir reduciéndose al aumentar el reciclaje).

Para Olano y Asensio, lo importante de todo es que el proyecto de incineradora sigue adelante y «damos el pistoletazo de salida». Su objetivo es adjudicarlo en setiembre-octubre, comenzar las obras este año y acabarlas en 2019, como la legislatura.

EH Bildu habla de «pelotazo»&flexSpace;y Podemos augura un «agujero»

El Palacio de Diputación de Gipuzkoa acogió ayer tarde la asamblea extraordinaria de GHK en la que la mayoría conformada por PNV y PSE procedió a aprobar las modificaciones jurídicas imprescindibles para poner en marcha este plan B. Para EH Bildu, con ello se da vía libre a un «pelotazo». Interpreta esta privatización de la incineradora como «poner el dinero y la salud pública al servicio del negocio empresarial». En la entrada lo denunció así Josu Amilibia, uno de los asambleístas críticos. Y otro tanto hizo Podemos; la juntera Ione Cisneros consideró que esta privatización «sin ningún tipo de control ni institucional ni ciudadano» conllevará «el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la mayoría» y auguró que además «dejará un agujero en las cuentas públicas».

Representantes de ambas formaciones se sumaron a la concentración realizada en la entrada al Palacio foral, con una pancarta que rezaba: «Errausketarik ez, ez Zubietan, ez Añorgan, ez inon».