Cuando en setiembre de 2013 la Guardia Civil detuvo a 18 miembros de Herrira, el Gobierno español argumentó que se trataba de un «tentáculo de ETA». Desde entonces, el Instituto Armado y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco han puesto la solidaridad con los presos vascos en su punto de mira. Aquella primera redada fue continuada por las operaciones «Jaque», «Mate» y «Pastor», en las que se arrestó a mediadores del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), abogados, médicos, familiares o activistas por los Derechos Humanos de los represaliados. Ahora, el magistrado ordena el procesamiento de 47 de ellos, a los que acusa de «integración» o «colaboración» con organización armada, lo que puede suponer una petición fiscal de entre 5 y 12 años de cárcel.

En 104 páginas, el togado, antiguo cargo del PP, compra la versión de la Guardia Civil para criminalizar la solidaridad con los prisioneros. Hasta tal punto llega su mimetismo con las tesis de los uniformados que hay párrafos en los que no se molesta en demostrar que se trata de un corta-pega tomado directamente de los informes policiales. La teoría es simple: el «frente de cárceles» es parte de ETA. Por lo tanto, todo aquel que trabaja por los derechos de los presos vascos lo hace al servicio de la organización armada.

Esta afirmación se la ventila en la primera página. A partir de ahí solo tiene que detallar el trabajo que cada grupo desarrollaba y, sin mencionar en ningún momento cómo estaban supuestamente tutelados, dar por hecho que todos ellos eran «plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines» de la organización.

Como base teórica, Velasco certifica que el cese de la actividad armada de ETA implicó un «cambio de estrategia pero no de objetivos». Por ello, plantea que la histórica reivindicación de que se cumplan los derechos de los presos forma parte de un plan para «aglutinar» fuerzas más allá de la izquierda abertzale y presionar a Madrid y París no solo para que cambien su política carcelaria sino para el reconocimiento de Euskal Herria. Dentro de esta planificación cada organismo contaría con un papel concreto, con la meta global de «control» y «mantener la cohesión» de los presos.

«Deslegitimar las políticas»

El problema con el que se encuentra el juez es que la realidad choca directamente con su elucubración. Por ejemplo en el caso de Herrira. Admite que no se han encontrado «documentos que constaten una relación fehaciente entre la nueva organización y ETA». Así que convierte lo que era una actividad pública y notoria de defensa de los derechos de los presos en la prueba de que los activistas estaban sometidos a ETA. Realizar las concentraciones de los últimos viernes de cada mes u organizar movilizaciones son su único argumento probatorio.

En relación a los abogados ocurre una situación similar. La imputación para cada uno de ellos es visitar a sus clientes en las cárceles, disponer de información sobre ellos (lo cual es lógico si tienen que encargarse de su defensa) o aparecer públicamente en comparecencias de los letrados. Incluso se les señala por participar en foros internacionales en los que se ha denunciado la política penitenciaria de los estados. «Tienen como fin la deslegitimación de dichas políticas y debilitar la posición de los Gobiernos de Francia y España», argumenta el juez.

Sobre Jeiki Hadi, cita la misión de «garantizar la asistencia sanitaria de los presos» y a Etxerat le achaca ofrecer un rostro «humanitario», lógico al tratarse de familiares que defienden derechos de sus allegados.

Por último, el juez también entra a considerar que la aceptación de la legalidad penitenciaria sería «un torpedo en la línea de flotación de ETA y un obstáculo insalvable de cara a obtener sus objetivos». Pues bien, EPPK ya avanzó la posibilidad de explorar estas vías en diciembre de 2013, apenas dos meses después de la primera redada incluida en el sumario.

El juez ha citado a los 47 para comunicarles su procesamiento, instando a la detención de Emilie Martin. Además, mantiene una pieza separada por supuestos delitos económicos.

La noticia fue cuestionada en las concentraciones de anoche: 110 personas en Aulesti, 101 en Lekeitio, Amara 42, Bergara 64, Andoain 50, Zarautz 110, Deba 50, Mutriku 50, Lazkao 120, Legorreta 20, Mundaka 20, Ondarroa 176, Oñati 53, Elgoibar 40, Gatika 14, Berriozar 40, Algorta 70, Iruñea 204, Barañain 69, Arbizu 47, Hondarribia 41, Orereta 178, Tafalla 50, Bera 15, Getaria 37, Donostia 131, Lezama 12 y Etxarri-Aranatz 60. Anteayer, 35 en Donibane (Iruñea).