Los defensores de presos vascos en el Estado francés afirman que entre los profesionales de la judicatura hay un desconocimiento bastante generalizado de su situación. ¿Es realmente así?

Sí. Evidentemente los que trabajan en el País vasco norte están más al corriente, pero los demás no, porque esas situaciones dependen más bien de los jueces de aplicación de penas. Se desconoce, en particular, el tema del alejamiento de los presos de sus familias.

¿Ese desconocimiento podría considerarse normal o el hecho de que en el fondo haya una cuestión política favorece esa falta de interés?

Es difícil contestar a eso. Considero que es más bien falta de conocimiento. No creo que por parte de los jueces haya una actitud claramente política, aunque quizás en algunos casos sí se dé esa circunstancia. Pero, en general, no me atrevería a decir que se trate de una falta de interés voluntaria.

Sin embargo, entre los que están más o menos al corriente, la cuestión de la vulneración de los derechos fundamentales de los presos no parece levantar ampollas...

Lo que habría que conseguir es que los jueces franceses se convenzan poco a poco de que los presos vascos son presos como los demás y que hay reglas que aplicar. Por ejemplo, el acercamiento a sus familias y, al cabo de cierto tiempo, la posibilidad de obtener la libertad condicional. Todo eso tiene que aplicarse y tengo entendido que no se hace. Por eso los jueces tendrían que enterarse del contexto político actual, es decir, que desde la Conferencia de Aiete de octubre de 2011 ETA se comprometió unilateralmente a abandonar la lucha armada. Los jueces deberían tenerlo en cuenta y no lo hacen.

Hace exactamente un año tuvo lugar la Conferencia de París, que fue considerada como un punto de inflexión para difundir la situación de los presos y también del proceso de resolución. De allí surge la idea de crear una comisión de juristas en la que usted participa. ¿Cuál es su objetivo?

El objetivo número uno es, precisamente, dar a conocer esta cuestión y la coyuntura actual en el medio jurídico (abogados, jueces, profesores de Derecho...). El segundo propósito es exigir a autoridades y magistrados que se aplique la ley común a los presos vascos, y la tercera meta, como objetivo a más medio plazo, es favorecer el proceso de paz. Por el momento no hay un proceso en marcha porque el Estado español no quiere saber nada y el francés es indiferente. Habría que intentar implicarlo y ver si el Estado español evoluciona. Quizás, ¿quién sabe?, con el nuevo gobierno que se forme tras las próximas elecciones...

Usted ha conocido otros procesos de cerca, como el de El Salvador o el de Colombia, y sabe que a menudo el tema de los presos es un arma para presionar a una parte del conflicto, algo que resulta bastante obvio también en el caso vasco. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito judicial para romper ese círculo vicioso?

Creo que en Francia los jueces no pueden hacer directamente gran cosa a ese respecto. Lo que es importante es que las partes se sienten en torno a una mesa, hablen y tomen decisiones políticas porque, al fin y al cabo, se trata de decisiones políticas.

Si las hubiera, ¿podría la ley adaptarse a esas decisiones políticas?

En algunos procesos de paz, en base a la justicia transicional, se han dictado leyes específicas para adecuarse a dichos procesos. Creo que en el caso vasco no es necesario. Por ejemplo, si se aplica la legislación francesa se puede acercar a los presos a su entorno familiar sin ningún problema y, llegado el momento, también concederles las pertinentes libertades condicionales. Ahora esto no se hace por motivos políticos. Por eso insisto en que hay que acercarse a las autoridades políticas para tratar de convencerlas de que la situación realmente ha cambiado y mostrar, asimismo, que la mayoría de la sociedad civil vasca es favorable al proceso de paz. En el ámbito político del País Vasco francés, la inmensa mayoría también lo es y eso hay que tratar de difundirlo en todo el territorio francés.

Existen otras situaciones humanas muy graves de las que el Estado francés es directamente responsable, como la de los militantes vascos que deportó a otros países a mediados de los 80. ¿Estudiarán también ese tipo de cuestiones en la comisión?

Las primeras problemáticas que nos estamos planteando están más centradas en la situación penitenciaria de los presos vascos, pero es obvio que en cuanto se plantee la de los deportados también analizaremos esos casos y las posibilidades de intervención. Ahora nos encontramos en el punto de arranque. Esperemos que a partir de este encuentro [se refiere al celebrado ayer mismo a convocatoria de Bake Bidea y del Colegio de Abogados de Baiona] se unan a nuestro grupo más profesionales de la judicatura, tanto vascos como del resto del Estado. para poder abordar todas estas cuestiones.