Cuarenta y ocho escaños de setenta y cinco a favor del derecho a decidir y de partidos teóricamente independentistas y un año después de que ETA hubiera anunciado ya el final de su actividad armada. Esas eran las condiciones de inicio para una legislatura que pudo ser histórica en el ámbito de la búsqueda de un nuevo estatus y de la superación de las consecuencias del conflicto.

Pero en el ADN político de Iñigo Urkullu está la convicción de que la CAV ha de gobernarse desde lo que él llama «la pluralidad» y eso supone pactar con el PSE y, sobre todo, huir de compromisos de fondo con el independentismo de izquierdas.

Las elecciones del 21 de octubre de 2012 dieron la mayoría al PNV con 27 escaños, seguido de EH Bildu, con 21, PSE, con 16, PP, con 10 y un único parlamentario de UPyD, que en determinados momentos ha estado decantando votaciones cuando la Cámara se dividía en un bloque de derechas con 37 escaños y otro de izquierdas con otros 37.

Con esos resultados, Urkullu tenía garantizada la mayoría de la mano del PSE, pero viniendo de una legislatura con Patxi López aupado al gobierno por el PP, eso exigía un periodo de digestión para ambas partes. Los jeltzales no podían perdonar fácilmente lo que consideraron un asalto ilegítimo a Ajuria Enea, ni el PSE –que de golpe había perdido un tercio de su electorado– olvidaba lo que consideraba que había sido una oposición a cara de perro por parte del PNV.

Para ganar tiempo, Iñigo Urkullu se lanzó a gobernar en solitario con sus 27 escaños, juró su cargo en diciembre y en cuatro meses, cuando tuvo que retirar su primer proyecto de presupuesto, ya se dio cuenta de que eso le iba a resultar imposible. Entonces activó un «Plan B», que probablemente fue siempre el «Plan A». El 29 de abril de 2013, desde un desayuno organizado por el Forum Europa, el lehendakari ofrece a PSE y PP «un pacto de país y estabilidad». Descartó el acuerdo con EH Bildu porque «su modelo social y económico es radicalmente diferente al del PNV».

Urkullu sabía lo que quería, pero no encontraba cómo darle forma. Aquel mismo día confesó que había trasmitido al PSE una propuesta de acuerdo global, que había sido rechazada. Y luego, pocos días después, convocó a todos los partidos, también a EH Bildu, a Ajuria Enea.

Finalmente, tras el paréntesis de agosto, en setiembre de 2013 el lehendakari consiguió lo que quería. Andoni Ortuzar y Patxi López firmaron un acuerdo en Lehendakaritza con Iñigo Urkullu como garante de que el Gobierno cumpliría lo allí recogido. El PNV se garantizó desde entonces la tranquilidad presupuestaria, a cambio de algunos planes económicos y de empleo de difícil evaluación de resultados y, sobre todo, de partidas para municipios gobernados por el PSE.

La política vasca había vuelto, por fin, a su equilibrio natural después de «quince años», desde el Acuerdo de Lizarra Garazi, en el que habían «primado más el enfrentamiento y la confrontación, y más la política de bloques y división, que la [política] del diálogo y el debate en la búsqueda de contenidos». Hay que recordar que ese periodo comprende los mandatos de Juan José Ibarretxe y el de Patxi López.

Como anunció GARA en el minuto uno, ese pacto de PNV y PSE iba a tener largo recorrido con extensión a los ayuntamientos y las diputaciones. Ambas partes lo negaron, y el tiempo y las elecciones municipales y forales lo confirmaron.

 

Iñigo Urkullu se marcó tres retos para esta X Legislatura. El primero, un plan para la reactivación económica y un plan de choque por el empleo. El segundo, un acuerdo para la paz y la convivencia, que tuviera como centro el Parlamento de Gasteiz, porque, a su entender, «no tiene sentido ya apelar a mesas de partidos ni puntos de encuentro extraños». Y el tercer acuerdo que propuso fue el de un nuevo estatus político, que reconociera la mayoría de edad de la ciudadanía vasca, pero que no definió qué bases debería tener.

En el ámbito de la reactivación económica y el plan de choque para el empleo cabe decir que la actuación del Gobierno de Lakua no ha sido especialmente visible. Da la impresión de que los indicadores económicos de la CAV se mueven de manera más o menos paralela a los indicadores del Estado, aunque con cifras mejores en relación con el empleo.

De lo que no cabe duda es de que la actuación del Ejecutivo de Urkullu ha acabado por dinamitar los ya maltrechos puentes existentes con la mayoría sindical compuesta por ELA y LAB.

El reto de que el Parlamento fuera el centro de la política de paz y convivencia ha fracasado estrepitosamente, y los acuerdos alcanzados en torno al Instituto de la Memoria o a la última ley de víctimas de la violencia estatal se han basado en los tradicionales esquemas de pacto entre PNV y PSE.

Del Plan de Paz y Convivencia presentado por la Secretaría que dirige Jonan Fernández se han cumplido aquellos puntos que dependían directamente del impulso del Gobierno, como los encargos de informes sobre vulneraciones de derechos humanos y víctimas de uno u otro tipo, algunos tan impactantes como el último sobre la tortura.

Sin embargo, aquella predicción inicial de que se podrían alcanzar siquiera algunos «microacuerdos» entre los partidos en el Parlamento, se ha demostrado irreal, y lo ha sido sobre todo porque el PNV no ha querido asumir su liderazgo con valentía y ha preferido quedarse acomodado al regazo de un PSE que se ha visto a su vez paralizado por el obstruccionismo del PP.

A pesar de que la creación de la Ponencia de Paz en el Parlamento era una de las propuestas estrellas de Urkullu, el PSE le tomó la delantera y presentó una propuesta al inicio de la legislatura. El debate fue un adelanto de los cuatro años siguientes. En los prolegómenos se llegó a un texto de compromiso entre PNV, PSE y EH Bildu, pero el debate se aplazó para atraer al PP. Llegado el día del pleno, PNV y PSE cambiaron el texto, añadiendo una referencia a la Ponencia de la legislatura pasada en la que EA y Aralar no participaron cuando Batasuna estaba ilegalizada. Pero ni lograron el apoyo del PP, ni consiguieron el rechazo de EH Bildu, que se abstuvo y anunció que participaría en las reuniones.

Poco después, en un pleno monográfico sobre el conflicto político convocado a instancias de EH Bildu, los grupos de PNV y PSE renunciaron a sus propias propuesta y presentaron junto al PP el texto surgido de la ponencia de la anterior legislatura. Creyeron que así el PP se sumaría a la Ponencia, pero no lo hizo, y esta se constituyó el 11 de abril de 2013 con la única presencia de PNV, PSE y EH Bildu.

La Ponencia comenzó sus trabajos sin mucho ímpetu y pronto se vio que el PSE no estaba cómodo con el PP fuera. Rodolfo Ares empezó a abanderar la exigencia de que EH Bildu asumiera el llamado «suelo ético» de la pasada legislatura, y la formación independentista lo hizo como base de trabajo. Pero no era suficiente, porque el objetivo de Ares era otro. De hecho, el 26 de junio el PNV criticó el obstruccionismo del PSE.

Pero en setiembre, pocos días antes del pacto económico, el PNV también cedió en esta materia, y suspendió la reunión de la Ponencia a la que el PSE había anunciado que no asistiría. No volvió a haber ninguna otra cita.

En materia de paz el Gabinete de Urkullu ha mostrado una gran beligerancia hacia EH Bildu y Sortu, además de interferir abiertamente en otros ámbitos. Pero esto último y sus consecuencias, exigen un análisis mucho más amplio que excede de los límites de estas páginas.

Ni nuevo estatus ni el prometido referéndum en 2015 que el PNV había introducido en su programa electoral y que Urkullu retiró del programa de gobierno. El lehendakari dejó este tema en manos de los partidos y también para este camino el PNV eligió al PSE como socio. Mientras Joseba Egibar hablaba en unos términos con EH Bildu, Sabin Etxea cerraba el acuerdo con PSE para limitar los trabajos de la Ponencia de Autogobierno.

Lo primero fue mantener a la Ponencia a la escucha de especialistas hasta pasadas las elecciones autonómicas y forales de mayo de 2015. Lo siguiente iniciar un camino hacia ninguna parte. Y la Ponencia ha muerto por inanición y desinterés.

La legislatura ha concluido. Da la impresión de que Urkullu confiaba para un arreón final en un cambio de gobierno en Madrid que ha acabado convirtiéndose en un problema en sí mismo. Lakua ya expuso el viernes su catálogo de logros, pero la mayoría de las principales leyes aprobadas –varias a instancias de la oposición– están recurridas por Madrid, ante lo que el Gobierno del PNV no ha activado ninguna fórmula eficaz para contrarrestar esa situación.

Urkullu ha liderado una legislatura a su imagen y semejanza.