Uno de los principales casos de corrupción vinculados al PP comenzó a ser juzgado ayer en la Audiencia Nacional española. Se trata de la «trama Gürtel», concretamente su primera fase, la que va entre 1999 y 2005 y que investiga las redes por las que miembros de Génova y de empresas paralelas se embolsaron miles de millones de euros de contratos públicos fraudulentos. En esta primera parte se sientan en el banquillo personajes como Luis Bárcenas, extesorero del PP, Pablo Crespo, antiguo secretario de Organización en Galiza o Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exjefe electoral del PP, en su momento casado con la antigua ministra de Sanidad, Ana Mato, procesada como «partícipe a título lucrativo».

El primer macrojuicio del largo calvario ante los tribunales que tendrá que soportar el PP llega en un mal momento para Génova. Al menos, eso dice la teoría, ya que se supone que estos «recordatorios» de la actividad delictiva de altos cargos del partido liderado por Mariano Rajoy podrían costarle apoyos electorales al presidente en funciones. El macrosumario se va a alargar durante varios meses, por lo que, en caso de que hubiese terceras elecciones, el PP tendría que celebrar la campaña lidiando con los titulares del procedimiento en su contra.

En total son 37 los acusados, entre miembros del PP y empresarios vinculados a la red Gürtel. Ayer se dio la casualidad de que los procesados por la trama corrupta del PP se vieran las caras en la Audiencia Nacional con los juzgados por el caso de las «tarjetas Black» de Bankia. En este caso son cargos del PP, del PSOE, de IU e incluso de sindicatos los que se sientan en el banquillo acusados de utilizar tarjetas opacas que no se declaraban. Ver a Bárcenas, a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico español, o a Arturo Fernández, expresidente de la patronal de Madrid, saludándose antes de sentarse en el banquillo, simboliza el ocaso de toda una época.

Cuestiones previas

Antes de que comiencen los interrogatorios es el turno de las cuestiones previas. Aquí es donde los acusados se la juegan, ya que su objetivo es lograr que la vista oral ni siquiera se celebre. Eso es lo que han reclamado los letrados de algunos de los principales imputados, que argumentan que la forma en la que se obtuvieron las pruebas las invalidan y que, además, no se respetó la cadena de custodia. «Las grabaciones fueron objeto de edición y manipulación», afirmó, nada más comenzar, Miguel Durán, abogado de Crespo, supuesto «número dos» de la trama. Hay que recordar que el juez Baltasar Garzón fue el primer instructor de la trama y terminó suspendido por ordenar que se grabasen las conversaciones de alguno de los acusados en la cárcel. En este caso, lo que las defensas tratan de rebatir es la validez de los diálogos grabados por el informante José Luis Peñas y que dieron origen a la investigación sobre la trama. En este sentido, lo que los abogados defensores pretenden vender es que se trata de un procedimiento que tenía como objetivo atacar a Génova. «Se empezó a perseguir al PP, a darle patadas al PP en el cuerpo de todos los acusados», dijo Durán.

Por el otro lado, lo que las acusaciones particulares pretenden es que se siente en el banquillo Mariano Rajoy, presidente en funciones del Gobierno español. No parece que puedan conseguirlo, ya que los magistrados rechazaron esta opción durante la instrucción. A pesar de todo, los próximos meses pueden suponer un calvario judicial para el PP. Especialmente si, como teme Luis Bárcenas, Francisco Correa, supuesto cabecilla, ha llegado a un acuerdo con la Audiencia: colaborar a cambio de una reducción de pena.

Por ahora, el mensaje que lanza Génova es de tranquilidad. Afirma que los imputados ya están fuera del partido y que son partidarios de perseguir a los investigados. Habrá que ver cómo se mantienen durante los próximos meses y juicios.

Rato defiende la legalidad de las «tarjetas black» y cuestiona la «buena fe» de Bankia

El expresidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato explicó en la Audiencia Nacional que las tarjetas opacas de la entidad constituían «un incentivo perfectamente legal» y cuestionó la «buena fe» de Bankia, cuya denuncia dio origen a la investigación judicial. Durante cerca de dos horas, Rato se sometió únicamente a las cuestiones planteadas por su defensa y el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón. En relación a las tarjetas, el exvicepresidente del Gobierno español aseguró que se trataba de un incentivo equiparable a los que se veían «en el resto del sector», y explicó que tenían un límite anual fijado antes de su llegada a la entidad que nunca modificó hasta la integración en Bankia. Reconoció que «tenía mucha mejor opinión de Bankia, a la que le presumía buena fe», pero que luego al darse cuenta de que la entidad ocultó el nombre de la cuenta en la que se cargaban las tarjetas.GARA