Ayer, con la toma de declaración como testigos de la secretaria y la interventora del Ayuntamiento de Alonsotegi, debían haber comenzado a practicarse diligencias en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo por las irregularidades detectadas en las obras que se acometieron para reparar los daños de las inundaciones de 2008. Según descubrieron los representantes de EH Bildu, se presentaron certificaciones iguales de distintos proyectos para justificar los más de dos millones que habían otorgado Diputación y Gobierno español.

La instrucción no ha arrancado después de que la defensa del arquitecto Alberto Zulueta, uno de los implicados, haya presentado un recurso, aduciendo que los soberanistas no pueden ejercitar la acusación particular –que ya ejerce el Consistorio– y en caso de personarse como acción popular deben depositar una fianza. En su escrito de oposición, se aclara que su intención es promover la acción popular como ediles en defensa de los intereses de Alonsotegi y incide en que fue la Fiscalía la que dio traslado del caso al juzgado tras analizar la denuncia de EH Bildu.

La defensa de Zulueta, que tiene otra causa abierta en ese juzgado también por malversación y prevaricación por la gestión de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz, se vale de los cambios introducidos en octubre de 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el Ejecutivo Rajoy para frenar el aluvión de querellas por corrupción.

Además de Zulueta, el exalcalde Aitor Santisteban y el aparejador Juan Torrontegi son investigados por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y fraude a la Administración. Las irregularidades se produjeron entre 2008 y 2010 en contratos para reformar los servicios sociales del campo de fútbol de Basteita y reparar su camino de acceso, así como el de Artiba y la urbanización de Loibe, afectados por las riadas.

Santisteban obvió hasta nueve informes de reparo de la secretaria y la interventora, que detectaron las irregularidades, y aprobó los pagos de los trabajos.