A primera hora de ayer, tras abandonar la Audiencia Nacional a medianoche, Amaia Izko explicaba en el programa ‘‘Kalegorria’’ de Info7 Irratia que los jóvenes se quedaron «sorprendidos y alucinados» cuando conocieron que la juez decretaba el ingreso en prisión de seis de ellos, aunque esta opción «venía siendo una sospecha que flotaba en el aire».

Preguntada por su punto de vista personal, Izko admitía también que «creía que lo había visto todo en la Audiencia Nacional, y mira que he visto cosas sorprendentes, pero me faltaba por ver esta barbaridad desde el punto de vista jurídico y de los derechos de estas personas. Y por todo el recorrido que ha tenido también desde el punto de vista político», añadía antes de recordar cómo primero se situó como «delito de odio» y al final aún ha sido peor: «Terrorismo».

La petición fiscal se basa en el artículo 573 del nuevo Código Penal, que «convierte una bronca que ocurrió en un bar en hechos cometidos por personas integradas o que colaboran con una organización terrorista. En este caso esa referencia va hacia el movimiento Ospa y hacia la campaña ‘‘Alde Hemendik’’, como estrategia diseñada, ya sé que suena como una cosa algo marciana, por ETA».

La letrada subraya la diferencia que supone trasladar la causa desde Iruñea, donde los jóvenes se presentaron a declarar voluntariamente, hasta la Audiencia Nacional española. «Lo venimos advirtiendo desde el principio, ojo porque lo que se está planteando puede tener unas consecuencias enormes para estas personas». De momento, se traduce ya en la presencia ante una juez especial y el envío a prisión, «algo que hace unas semanas, en la sede de los juzgados de Iruñea, hubiese resultado imposible por el carácter de los hechos. Ahora vamos a ver cuál es el periplo que esas personas tienen que sufrir en prisión, cuáles son las dificultades para que queden en libertad y a qué penas estrambóticas tienen que enfrentarse el día que llegue el juicio. Estas son las consecuencias de convertir artificial, mediática y policialmente unos hechos ordinarios en un delito de terrorismo», concluía Izko.

El próximo paso de la defensa será recurrir un auto de ingreso en prisión que «contiene argumentos absolutamente peregrinos», para tratar de que los encarcelados recuperen cuanto antes la libertad. «Y en segundo lugar, la mayoría de estas personas lo que dicen es que esas identificaciones que hacen los que dicen ser víctimas de esta agresión no son correctas, que no estaban allí o que estando en el bar no participaron en la pelea. Hemos de aportar a esta causa lo que no nos han dejado hasta ahora, las pruebas en su defensa: testigos, documentos…».

Continuando con los elementos excepcionales del caso, Amaia Izko se pregunta cómo se puede encarcelar bajo el argumento del «riesgo de fuga» a personas que acudieron en su día a Iruñea para «mostrar su absoluta voluntad de estar a disposición del juzgado». En este contexto, muestra su estupefacción ante la afirmación de la magistrada de que «la familia les puede ayudar a escapar», cuando precisamente el arraigo familiar suele ser un motivo para eludir la cárcel al entender que reduce la posibilidad de huida. «Todo el auto se cae por su propio peso, no tiene ningún sostén», apostilla.

La abogada navarra opina que toda esta situación se enmarca en la lucha contra «una reivindicación que es política y absolutamente legítima, el cuestionamiento del papel de los cuerpos policiales en Euskal Herria, de su objetivo, de su trayectoria, y la exigencia de que se termine con una situación de supermilitarización. A esta reivindicación no se le quiere dar respuesta en el discurso político y se le trata de dar respuesta de esta manera, criminalizándola y convirtiéndola en ‘terrorista’, para así no abordar ese debate». A los promotores de este «linchamiento mediático» les invita Izko «a que reflexionen sobre qué consecuencias ha tenido sobre estos chavales jóvenes y sobre sus familias».