Recientemente, la periodista Victoria Prego, uno de los símbolos de la Transición española, confirmaba la veracidad de las imágenes en las que Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno, le admitía que no convocaron un referéndum sobre la monarquía porque las encuestas les daban perdedores. Esta tendencia, la de hurtar a los electores la posibilidad de elegir a través de las urnas, forma parte de la estructura política del Estado hasta la actualidad. Los actos del 38º aniversario de la Constitución sirvieron para escenficar que el miedo a preguntar es la excusa perfecta para el inmovilismo del presidente español, Mariano Rajoy. Se trata de un temor que desemboca en rechazo y que va por partida doble. Por un lado, al referéndum en Catalunya. Por el otro, a las consecuencias de preguntar en todo el Estado sobre una reforma de la Carta Magna, especialmente después del antecedente italiano, donde Matteo Renzi seguramente se irá a la casa después de que su propuesta de tocar la ley fundamental se rechazara.

Rajoy es el primer interesado en enfriar la idea de la reforma. Sabe que en lo único en que podrían ponerse de acuerdo las formaciones españolas es en la idea de cambiar la Carta Magna. A partir de ahí, no hay consenso sobre los asuntos a abordar salvo en una cuestión: tanto PP como PSOE y Ciudadanos, es decir, la mayoría que permitió que el actual presidente siguiese en La Moncloa, descartan hablar sobre el derecho a decidir. Las tres formaciones rechazan abordar un debate central que se ha recrudecido desde que se puso en marcha el proceso catalán.

Con su habitual estilo, Rajoy no descartó abrir un proceso de debate, pero siempre que se conozca el inicio y el final. Aunque sin mencionarla, puso como ejemplo la modificación del artículo 135, pactada entre las dos formaciones del turno. Como líneas rojas, la «unidad de España», la «soberanía de los españoles» y la «igualdad de todos los españoles». Tres maneras distintas de definir el mismo concepto y, en definitiva, nada nuevo. El bloque entre PP, PSOE y Ciudadanos no va a permitir que catalanes o vascos vean reflejado su derecho a ser consultados en la Carta Magna. Como señaló Javier Fernández, presidente de la Gestora del PSOE, «hay una sola nación, que es la nación soberana». Es decir, la española. Su único margen, algún reconocimiento de la «plurinacionalidad» sin efecto político.

El precedente de Renzi

La palabra clave en el acto institucional del Congreso era «consenso». Cumpliendo con la tradición, todos pusieron como ejemplo el texto de 1978. Ese es el margen. Así lo planteó Fernández, quien aboga por una subcomisión en la Cámara Baja donde limar asperezas. Ahí podrían encontrarse el apoyo de Ciudadanos, pero difícilmente el de Unidos Podemos, el único partido de ámbito estatal que defiende el referéndum.

Se ha extendido la idea de que PP y PSOE habían pactado que no se abordará este debate antes de que Ferraz lleve a cabo su congreso, previsto para verano de 2017. No es problema para el líder de la Gestora, que considera que las discusiones se alargarán más tiempo del que necesita para poner orden en casa.

Los terceros en discordia, Ciudadanos, están más centrados en cambios técnicos, como la eliminación de los aforamientos. Y ahí entra el debate sobre otro tipo de referéndum, el que serviría para ratificar el nuevo texto. Las modificaciones que se han realizado hasta ahora (como el 135) no han estado sujetas al refrendo de las urnas. Sin embargo, ahora existe otra correlación de fuerzas en el Congreso y si el 10% de diputados o senadores lo solicita, hay que convocar una consulta. En este punto surge el miedo al referéndum, teniendo en cuenta que citas con las urnas como la del Brexit o la de la reforma en Italia no han salido como las élites esperaban. Al final, se impone la poco democrática idea de que «los referéndums los carga el diablo».

 

Cientos de consistorios abiertos y ridículo unionista en Catalunya

Centenares de alcaldes y concejales independentistas de Catalunya acudieron ayer a los ayuntamientos para abrir las puertas como cualquier otra jornada laborable del año, siguiendo la estela de lo ocurrido el pasado 12 de octubre. Según la Associació de Municipis per la Independència (AMI), al menos 350 consistorios desarrollaron su actividad de forma ordinaria, con el objetivo de denunciar que la Constitución española es «una cárcel para la democracia», según se leyó en todos los municipios que se adhirieron a la llamada de la AMI. «Como país democrático creemos que los días festivos deben ser representativos de una sensibilidad mayoritaria y propia, nunca impuesta», añadió la entidad independentista en el manifiesto publicado ayer, en el que también se lamentó la utilización de la Carta Magna española «como Código Penal» para investigar a cargos electos «que en el ejercicio de sus funciones permiten el debate sobre el proceso soberanista».

Entre los ayuntamientos más significativos en los que ayer se trabajó destacaba el de Badalona, donde todo el equipo de gobierno municipal está siendo investigado por desobedecer la orden que el pasado 12 de octubre les obligaba a cerrar las puertas del Consistorio. Sin embargo, ayer los concejales que quisieron trabajaron a puerta cerrada, sin abrir las puertas al público. En otros ayuntamientos sí que se abrió el edificio a los ciudadanos, pero lo hicieron los propios cargos electos, para no comprometer a los funcionarios municipales. La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, que gobierna una coalición entre Guanyem Badalona (CUP, Podemos y EUiA), ERC e ICV, consideró que «la actual Constitución está marcada y vigilada por el legado de la dictadura franquista, no responde al derecho a decidir de los pueblos ni a la democracia participativa».

Otro de los focos de atención se centraba en Celrà, pequeña localidad de Girona gobernada por la CUP, donde la antigua Plaza de la Constitución fue rebautizada como Plaza Maria Mercé Marçal, en homenaje a la escritora catalana. En el acto estuvo presente la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el próximo 16 de diciembre está llamada a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el marco de la querella presentada por la Fiscalía por permitir el debate sobre el proceso constituyente catalán en el Parlament.

Pero ayer no fue un día de confrontación. Fiel a la misión de rebajar el tono de su predecesora, el nuevo delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, prefirió hacer la vista gorda y asegurar que no tuvo constancia de que ningún ayuntamiento estuviese ofreciendo los servicios habituales y ordinarios. La crónica de la jornada se completa con la manifestación convocada ayer a la mañana en Barcelona por Societat Civil Catalana bajo el lema «Con la Constitución, por la concordia». La entidad unionista, que tildó de «ilegal» la apertura de numerosos ayuntamientos, apenas consiguió reunir a unas 300 personas en su breve marcha por el Eixample barcelonés.B.Z.

 

Ni Lakua ni Iruñea en el acto oficial del Congreso

El acto oficial de conmemoración de la Constitución española cuenta cada vez con menor adhesión. No estuvieron en Madrid ni el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ni la lehendakari de Nafarroa, Uxue Barkos. Tampoco Carles Puigdemont, president catalán. No fueron excepciones. Únicamente cinco de los líderes autonómicos acudieron a un acto en el que se celebra un texto que casi todos sus asistentes hablan de modificar.

Tampoco estuvieron los partidos de ámbito vasco (PNV y EH Bildu) ni catalán (ERC y PDECat), lo que dejó la representación de las naciones sin Estado muy menguada. De hecho, el único que sacó la cabeza reivindicando su presencia fue Iñigo Alli, portavoz de UPN, quien se sentía «orgulloso» de representar a un Grupo Mixto del que la mayoría de parlamentarios no estaba presente en la ceremonia.A.P.

 

Independentzia aldarrikapen durangon eta errepublika DONOSTIAN

Urtero bezala, irudian ageri denez, independentziaren aldeko manifestazioa egin zuen atzo Independentistak sareak Durangon. Amaieran Maite Aristegik nabarmendu zuenez, «herri izatetik ez izaterako prozesua arrisku oso erreala da. Beste 40 urteko dependentziak egundoko kalteak ekar ditzake arlo guztietan». Donostian, bitartean, talde errepublikazale ugari III. Errepublikaren alde mobilizatu ziren.

 

EH Bildu trabaja y exige decidir

GARA | GASTEIZ

El día de la Constitución española fue jornada de trabajo normal para los cargos de EH Bildu, que abrió además las puertas en 40 de los ayuntamientos que gobierna para que los trabajadores municipales tuvieran opción de convertir la jornada en día de labor. «Con este gesto queremos poner de manifiesto que, hoy por hoy, la única opción que plantea el Estado es mantenernos en la dependencia», aseguró Pello Urizar.

«Frente a ello, reivindicamos que es a la sociedad vasca a la que corresponde decidir sobre el futuro de este país y sobre las cuestiones que le afectan», añadió Urizar en una comparecencia con motivo de este 6D.

EH Bildu remarcó que un año más el panorama político está marcado por la negación de Euskal Herria y por la imposición. «Negación porque persiste la decisión de no reconocer el derecho y la capacidad de nuestro país como sujeto de decisión, como realidad política, social, nacional con vocación de construir su futuro sin dependencias –dijo Urizar–. E imposición, porque la misma negación de Euskal Herria como sujeto político de decisión nos condena a la dependencia y a la asunción de leyes y políticas ajenas a la voluntad y necesidades de la sociedad vasca», añadió.

En referencia concreta a este día, EH Bildu puso el acento en que se trata de «una celebración ajena al sentir mayoritario de la sociedad vasca. Por eso, sin obligar a nadie a sumarse a la iniciativa –matizó Pello Urizar–, trabajamos con normalidad en nuestras sedes y en las diferentes instituciones en que estamos presentes». Un ejemplo fue la celebración de la segunda jornada sobre cooperación transfronteriza, en Irun.

Acciones de Ernai e IA

Por su parte, Ikasle Abertzaleak y Ernai denunciaron conjuntamente esta fecha con actividades en el ámbito educativo, incluyendo una manifestación por la mañana en Bilbo tras una pancarta que decía ‘‘78ko errejimenari desobedientzia’’ y reivindicaba la consecución de una escuela nacional vasca.

Además, durante la jornada se difundió el vídeo de una protesta realizada en favor del derecho a decidir de la ciudadanía de Trebiñu, que ha manifestado reiteradamente su deseo de formar parte de Araba.

Bajo el lema ‘‘Trebiñu Araba da, Euskal Herria da!’’, en las imágenes se observa cómo activistas sabotean con radiales una de las señales viales que insertan esa comarca en la comunidad autónoma de Castilla-León, concretamente en la provincia de Burgos.

 

Hasta Urquijo tiende ahora la mano al PNV

El «buen rollo» que empiezan a escenificar PP y PNV llega incluso al delegado español en la CAV, Carlos Urquijo, conocido por los centenares de recursos y querellas presentadas en los últimos años contra decisiones de instituciones vascas y cuya continuidad en el cargo se intuía en entredicho.

Al contrario de lo habitual en otros años, Carlos Urquijo aprovechó su discurso ayer en el acto celebrado en Gasteiz con motivo de la festividad de la Constitución español para afirmar que apuesta por la colaboración entre administraciones, con el único matiz de que «debe tener como base el respeto a lo que ya está acordado, a las normas que están vigentes y deben ser cumplidas por todos mientras no sean modificadas o sustituidas».

Al acto, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno español, acudieron autoridades policiales como el jefe de la Guardia Civil en la CAV, Félix Blázquez, y su homólogo de la Policía española, Fernando Amo. También el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro; la adjunta del Ararteko, Julia Hernández; el presidente del PP en la CAV, Alfonso Alonso; y el portavoz parlamentario del PSE en Gasteiz, José Antonio Pastor.

«Estoy convencido de que haciendo de la necesidad virtud, asistiremos a una legislatura marcada por el diálogo y el acuerdo, hemos empezado ya a verlo, que asegurará la Constitución de 1978», defendió Urquijo. «Vuelvo a ofrecer la colaboración del Gobierno de España, a través de esta delegación, para mejorar la coordinación entre ambas administraciones, en una mejor prestación de los servicios compartidos para facilitar la vida de las personas. Y lo hago no porque sea una obligación legal, que lo es, sino porque el entendimiento ha sido siempre nuestra voluntad pese a que en ocasiones haya tenido mayor trascendencia pública el desacuerdo que el consenso», añadió.

«Después de que los resultados electorales hayan hecho desaparecer las mayorías absolutas», el polémico Urquijo se mostró convencido de que «todos vamos a practicar el diálogo con mayor asiduidad» porque «estamos obligados a escuchar y atender al que piensa diferente para conseguir los acuerdos necesarios que nos permitan seguir progresando».