Siguiendo el conocido guión, las autoridades francesas y españolas se apresuraron a felicitarse por «el duro golpe» propinado a ETA. El ministro del Interior, Bruno Le Roux, declaraba que «nadie puede proclamarse como destructor de armas y eventualmente de pruebas». No obstante, desde las primeras horas tras la operación de Luhuso, a medida que se iban conociendo las identidades y la dimensión de lo que se traían entre manos, prácticamente en todos los medios de comunicación franceses el guión fue desmontándose hasta el ridículo, de modo que ciertos medios de comunicación llegaron a tildar la operación como un «petardo mojado» o una «broma pesada».

La palabra «imbroglio», que define una situación extremadamente confusa, complicada o embarazosa, fue llevada a titular por diarios como “Le Monde”, “Sud-Ouest” o “La Croix”, mientras que “Le Figaro” dedicaba el espacio más importante a la idea de «una operación anti-ETA muy contestada». En todos ellos se ponía en duda la versión oficial y se hablaba de la interrupción de una «iniciativa voluntaria de desarme» que estaba en marcha.

Cascada de denuncias

Ante las informaciones que denunciaban «las maquiavélicas derivas autoritarias» del Estado francés y las muestras de solidaridad con los arrestados, con variso diputados, senadores y europarlamentarios mostrándoles «todo su apoyo», Le Roux volvió a salir en los medios para dar unas explicaciones que no convencieron a nadie.

Así, los eurodiputados ecologistas José Bové, Pascal Durand y Yannick Jadot –antiguo director de Greenpeace y candidato presidencial–; el exeurodiputado y presidente de la Alianza Libre Europea François Alfonsi; Susan George y Geneviéve Azam, presidenta de honor y presidenta del comité científico de ATTAC respectivamente; o François Dufour, exportavoz de la Confédération Paysanne y vicepresidente de la región de Baja Normandia exigieron la «liberación inmediata» de todos los detenidos. Tras remarcar que comparten con ellos «multitud de compromisos y de luchas», alertaron de los intentos de retorcer esta operación para «acusarlos de estar instrumentalizados», algo que consideran «sería ignorar la última declaración de ETA en la que anunciaba confiar a la sociedad civil la responsabilidad política del desarme».

Por su parte, el Primu Ministru de Corsica, Gilles Simeoni, declaró que «los estados francés y español harían mejor en apoyar a todos aquellos que quieren la paz y una solución política para Euskal Herria, en lugar de detenerlos».