En muchos países, la sociedad civil es el refugio de los discrepantes y los disidentes. No suelen ser tomados demasiado en serio, pero en bastantes casos son capaces de alterar la agenda pública, generan nuevos protagonismos, son una cantera política interesante y, llegado el momento, tienen otra clase de legitimidad que les hace particularmente efectivos cuando se disparan procesos políticos complejos.

Evidentemente, no siempre es tan bonito. En otros países, esa amalgama de organismos no pasa de ser el apeadero de los mediocres, un cementerio de elefantes, un vivero de mequetrefes y/o un trampolín de trepas. Por ejemplo, creo que los organismos que parten de la voluntad de una persona –o de un par de ellas– y se erigen en sociedad civil sin que medie un impulso comunitario son patéticamente peligrosos. Tampoco faltan lugares en los que «sociedad civil» es un eufemismo de «golpismo».

Si la comparamos con otras –por ejemplo con la catalana, que tiene otra clase de taras–, diría que nuestra sociedad civil ha sido profundamente satelital de partidos, organismos e instituciones. El conflicto nos ha hecho bastante parroquianos, sea en su versión parainstitucional o en la clientelar.

La iniciativa de los arrestados en Luhuso me ha parecido ejemplar porque trasciende esos estrechos esquemas, porque sí creo que responde auténticamente a lo que debe aspirar a ser nuestra sociedad civil, al menos en lo que a la búsqueda de la paz y la justicia se refiere. Es militante, ejemplar, activa, no pone excusas, no es victimista, es épica y marca la diferencia. Merece respeto, aplauso y apoyo.