El viernes pasado el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó finalmente la resolución 2334 con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, que no utilizó su capacidad de veto. En la misma se exige a Israel el cese inmediato y completo de la política de asentamientos. Asimismo, insiste en la solución de dos estados al tiempo que alienta a las partes a crear un entorno propicio para el retorno a las negociaciones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó inmediatamente declarando que no cumpliría la resolución de las Naciones Unidas. Además, ha ido tomado represalias contra los firmantes e incluso contra la institución, a la que ha suspendido parte de la financiación. El castigo se ha extendido a la Autoridad Nacional Palestina con la que ha suspendido los contactos civiles y políticos.

Más allá del relativo impacto que puedan tener las medidas anunciadas por Israel, la reacción muestra el enfado de un Gobierno acostumbrado a cumplir su voluntad y a menospreciar la legalidad internacional, apoyándose para ello en el veto de los Estados Unidos, cuya última abstención en esta cuestión data del lejano año 1981. Determinante para el cambio ha podido ser el inicio de la tramitación de una ley con la que el Gobierno israelí pretende legalizar retroactivamente la colonización de territorios palestinos. No menos importante habrán sido los desplantes de Netanyahu a los llamamientos de Barack Obama a detener la colonización. Puede que el presidente saliente haya querido dejarle un regalo de despedida que ya ha sido calificado por su sucesor, Donald Trump, como derrota.

Celebrada como una victoria por el mundo árabe, la resolución no establece sanciones en caso de incumplimiento, por lo que no deja de ser una mera declaración. Aun así, supone un duro golpe para la política de hechos consumados de Israel. Además, vuelve a traer a primer plano la paz en Oriente Medio, la cuestión palestina y la necesidad de una salida negociada basada en dos estados.