El juego político e institucional nos depara contradicciones e incoherencias que a los ciudadanos de a pie nos resultan muchas veces chocantes. El problema es que estamos tan acostumbrados a esas paradojas que ya no nos causan ningún asombro.

Es lo que ha sucedido con el nombramiento del nuevo delegado del Gobierno español en la CAV. Me refiero a que a nadie le llame la atención que la persona que hasta hace año y pico ostentaba el cargo de diputado general de Araba asuma ahora la misión de garantizar el cumplimiento de la Constitución española.

Dirán que son cuestiones inherentes al ordenamiento institucional, pero resulta difícil de digerir que una persona que ha sido miembro durante 17 años de una de las instituciones más representativas de nuestro país, como son las Juntas Generales, y que durante cuatro años ha sido la encargada de ejecutar los acuerdos de dichas Juntas, tenga ahora la misión de plantear los recursos –más de un millar en la pasada legislatura– contra las resoluciones democráticamente adoptadas por las instituciones vascas, incluso las de la propia Diputación que dirigió hasta 2015.

¿Dónde queda el juramento que hizo el 7 de julio de 2011 para defender los Fueros, buenos usos y costumbres de Araba, signo de autogobierno y libertad? Existen leyes de incompatibilidades para políticos que buscan evitar conflictos de intereses públicos y personales. En este caso tampoco estaría de más que a un diputado general se le impidiese pasar a las filas de quien trata en todo momento de torpedear su acción política.