La Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, junto a las FARC, liderará el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, presentado ayer en Bogotá. Con este programa se pretende dar «una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas». La meta, afirmaron en la comparencia llevada a cabo en la sede del Mecanismo de Monitoreo, es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en más de 40 municipios de los departamentos más afectados durante el primer año de la implementación de este acuerdo.

Según el documento presentado ayer, las FARC-EP tendrán «la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas».

Con el fin de garantizar la participación de las comunidades, se creará un consejo de dirección permanente en el que estarán representados el Gobierno, la guerrilla y las comunidades. El Gobierno condicionó su apoyo a este programa al «compromiso de los campesinos con la sustitución voluntaria y concertada así como el cumplimiento de las obligaciones pactadas, cuya esencia es el abandono de forma inmediata de los cultivos de uso ilícito, y de cualquier otra actividad relacionada».

Las familias que «formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos», recibirán un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras «legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario»; un 1,8 millones de pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores y nueve millones de pesos en un único pago para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura o avicultura.

En el segundo año, el Gobierno se compromete a invertir por cada familia hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. También creará una línea de crédito especial y ofrecerá asistencia técnica durante todo el proceso. Más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.

Acuerdo sobre los menores

Por otra parte, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) acordó el protocolo para la salida de los menores de 18 años que aún quedan en las FARC y que en los últimos días se ha convertido en un tema de disputa política que amenazaba con paralizar la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso colombiano. Una vez que las FARC se trasladen a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización –la fecha prevista es el próximo martes–, los menores serán entregados en 10 lugares transitorios donde se realizará el diagnóstico y revisión de su situación.