La LOAPA se suscribió en el año 1982 con el apoyo del PSOE y UCD y el rechazo activo del Tribunal Constitucional tras ser recurrida entonces por la minoría vasca y catalana existente en el parlamento de Madrid. La ley fue urdida entre bambalinas y ruido de sables entre ambos partidos, como un intento de acallar el continuo descontento acerca del avance autonómico de las llamadas autonomías históricas.

Según la sentencia de entonces «las disposiciones de la LOAPA no pueden prevalecer sobre lo establecido en los estatutos de autonomía, que sí son leyes orgánicas». El artículo dotaba al instrumento constitucional una capacidad para «comprobar que era posible que el estado no se mostrara extraño a los puntos de vista de País Vasco y Cataluña». Esta sentencia admitía además lo que a posteriori iba a ser la génesis de las relaciones entre la CAV y el Estado español, es decir, que la transferencia de competencias, se realizaría progresivamente según la capacidad de cada comunidad autónoma hasta llegar a «igualar» a unas con otras. Lo que entre los mortales se denominó como el «café para todos».

Como segunda enseñanza, el Estado español adoptó como acciones inmediatas la politización del Tribunal Constitucional y la creación de leyes en diversas áreas de carácter estatal que sesgaban de facto la capacidad de las autonomías de legislar y desarrollarse con el falso concepto de armonizar y de crear «bases comunes».

Después de innumerables intromisiones por parte del Estado en la autonomía vasca, especialmente cuando ha gobernado la derecha española, llegó el llamado «Plan Ibarretxe» que pretendía actualizar el autogobierno vasco. Tras el no de Zapatero, pues hay que recordar que en aquel momento gobernaba uno de los dos componentes del actual equipo de gobierno de la CAV, llegó el cuatrienio oscuro del candidato a primarias del PSOE y el proceso de renovación del Estatuto de Gernika quedó en el cajón de los recuerdos.

Urkullu dio continuidad al tren a ninguna parte en otro cuatrienio donde el autogobierno viajó más en motocicleta que en auto. Quizás cuatro años de debate la pasada legislatura no fueron suficientes para dar con un pronóstico acertado y de nuevo en 2017 se pone en marcha la estrategia del caracol y se da continuidad a la ponencia de autogobierno con una variación importante: se admite el actual ordenamiento jurídico como el límite para su desarrollo. El final de los trabajos de este grupo, deberían llevarnos a un embrión de nuevo estatuto que tras aprobarse en Gasteiz y pasar por Madrid finalice ante las urnas y de satisfacción a la demanda histórica de actualización de autogobierno. ¿O la demanda es de otra cosa?

Cabe recordar ahora que el espíritu de la LOAPA fue siempre dar satisfacción a los poderes fácticos de Madrid y al espíritu del 23 de febrero, que se distinguía del llamado espíritu del 12 de febrero en que uno avalaba la reforma política dentro del marco español y el otro le enseñaba los límites mediante un reparto injusto del modelo competencial que apartaba los derechos históricos y las verdaderas ansias de los pueblos vascos y catalán: la libertad.

Más de tres décadas después de la LOAPA el PNV y el PSE vuelven a tratar de llevar a Madrid el hecho diferencial, sabiendo ya de antemano que desde el Tribunal Constitucional prefieren siempre los coches en cadena antes que los realizados a mano. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para acompañar a Catalanas, Quebequeses, Escoceses y otros pueblos que han decidido que la forma más fácil de convencer es ser uno mismo?

Cuatro años de debates para volver a preguntar si seguimos en el mismo punto o podemos avanzar por nuestra cuenta. Quizás Urkullu de joven se vio impresionado por la película “El día de la Marmota” pero solo tiene que tocar la puerta del constitucional para saber cuáles son los límites bajo los cuales no nos permiten a los vascos volar.