El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, acordaron ayer poner fin al convenio firmado en abril de 2010 entre Iruñea y Madrid para construir el TAV. Un acuerdo ruinoso para la hacienda foral, ya que contemplaba adelantar el dinero para la construcción de la línea entre Castejón y la capital navarra –que se recuperaría a través de reducciones del Cupo– y asumir íntegramente el pago de los intereses que la financiación de la obra requeriría. De la Serna admitió ayer además que el Estado deberá devolver los 45 millones de euros pagados hasta ahora por Nafarroa en la ejecución de una obra que la crisis ha dejado en stand by.

El convenio fue firmado por el entonces ministro de Obras Públicas, José Blanco, y el expresidente navarro Miguel Sanz, cuya larga amistad resume a la perfección, en su vertiente política, lo que se ha venido llamando el Régimen. Blanco fue quien en 2007 frustró el cambio en Nafarroa, forzando a su partido a mantener a UPN en el Gobierno –fue el agostazo desde el cual el PSN no ha levantado cabeza–. La entente siguió: siempre que Zapatero lo necesitó, allí estuvieron los votos de &dcThree;Sanz, y viceversa.

Los pagos por tan desigual relación llegaron a través de convenios como el que ayer quedó finiquitado, con los que las arcas navarras se vaciaron cuando más inversión pública era necesaria para hacer frente a la crisis. Recortes sociales y despilfarro en infraestructuras fueron la marca de unos Gobiernos UPN-PSN que no dudaron en sacrificar las arcas navarras a fin de perpetuarse en la poltrona. El convenio del TAV es solo un ejemplo; otro es el del Cupo, cuya prórroga, según el actual Gobierno, ha condenado a Nafarroa a pagar entre 100 y 250 millones de euros de más a Madrid. Todo gracias a las ruinosas negociaciones de una UPN cuya principal razón de ser –supuestamente, defender los intereses de la ciudadanía navarra– ha resultado ser una estafa de dimensiones inabarcables.