Las condiciones de las trabajadoras del hogar en Bizkaia no cumplen en muchos casos con algunos aspectos legales, como los descansos semanales correspondientes, el pago de la mensualidad de forma documentada o el alta en la Seguridad Social. Según informó ayer la asociación que aglutina a estas empleadas en este territorio, ATH-ELE, el pasado año pasaron por su oficina 462 personas en busca de asesoramiento, de las que un 53% procedían de países no comunitarios y un 28,7% tenía la doble nacionalidad.

El primer dato que arroja este último estudio pone el foco sobre las empleadas internas. De ellas, y siempre en base a las personas que fueron atendidas en la asociación, el 75% trabaja más de 60 horas semanales y el 21% no tiene vacaciones. Resulta escandaloso otro dato: un 29,7% no tiene permiso diario para salir de la vivienda.

Además, no reciben el salario que les corresponde por su jornada en un 81% de los casos, y casi la mitad (48%) cobra el dinero en mano, sin ningún rastro documental, pese a ser obligatorio el pago documentado. Tampoco hay rastro de estas mujeres en la Seguridad Social en un 15,9% de los casos, al no tener papeles.

El registro en la Seguridad Social alcanza un 74,8% en el caso de las trabajadoras externas, una cifra que ha aumentado en los últimos años. En 2011 apenas eran el 52%. El total de mujeres externas que trabajan y no tienen los papeles en regla ha disminuido de forma considerable: del 32% en 2011 al 8,4% en 2016.

En este grupo también prevalece el pago del sueldo en mano, porque solo el 36,6% recibe el salario a través de una transferencia bancaria.

Inspección de Trabajo

Con los resultados en la mano, ATH-ELE quiso dar visibilizar a las largas jornadas a las que se enfrentan estas mujeres, así como la soledad y el trato inapropiado proveniente de la persona atendida, situaciones que generan «daños síquicos».

La asociación criticó que el Gobierno de Lakua «ignora el derecho a la salud» y que Inspección de Trabajo no actúa ante las denuncias que presentan cada vez que las agencias de intermediación en la colocación de trabajadoras atienden encargos en condiciones «abiertamente ilegales».

Precisamente, ayer el Parlamento de Gasteiz pidió al Ejecutivo que elabore, en nueve meses, un diagnóstico sobre la situación de estas trabajadoras.