El Gobierno de Rumanía derogó ayer oficialmente, en una reunión extraordinaria, el polémico decreto ley que despenalizaba ciertos delitos de corrupción y que, tras su aprobación el martes, había desatado protestas multitudinarias en todo el país, a las que no se consiguió poner fin. Entre otras cosas, el polémico decreto establecía un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las penas de cárcel por corrupción.

«El decreto de derogación ha sido publicado en el Boletín Oficial», informó en un comunicado el Ejecutivo. La nota indica que el primer ministro, el socialdemócrata Sorin Grindeanu (PSD), ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga en marcha un debate público con los partidos políticos y la sociedad civil sobre una nueva normativa, y que esta sea elaborada en conformidad con el Tribunal Constitucional y las directivas europeas para su posterior debate en el Parlamento.

Frente a la sede del Gobierno, se iban sumando miles de personas –300.000 en Bucarest y 500.000 en todo el país– para exigir la dimisión del Ejecutivo, pese a la retirada de la medida. «Queremos que dejen de aprobar cualquier ley que les beneficie, no nos conformamos con la retirada del decreto», declaró a Efe Ciprian Todita, de 34 años.

«No les creemos», dijo a AFP pocas horas de la derogación Florian. «Todavía hay mucha corrupción en el Gobierno, en el Senado, en todas partes. No podemos más. Queremos dirigentes competentes que gobiernen para el pueblo, no para ellos y sus cuentas bancarias», añadió.

En los últimos años, bajo presión de la Unión Europea (UE) y de varios magistrados, los tribunales han instruido centenares de casos de corrupción, en un giro histórico en la Justicia.

El PSD, que había sido expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió a ganar por mayoría las elecciones en diciembre con promesas de aumentar las prestaciones sociales.