La decisión del pleno del CSN, que ayer avaló la reapertura condicionada de Garoña, deja el futuro de la planta en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. Un Ejecutivo en minoría que en los próximos meses deberá decidir si prorroga la vida útil de esta central, situada a 40 kilómetros de Gasteiz.

Los grupos de la oposición, que han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la reapertura, deben tomar cartas en el asunto. Tienen que acordar una estrategia para impedir que Garoña vuelva a abrir sus puertas, tienen que hacer valer su mayoría en el Congreso para garantizar la seguridad de las personas que viven cerca de la planta, la más vieja del Estado español.

Y lo cierto es que existen varias opciones. Pueden aprobar una proposición de ley que obligue a cerrar la central, tal como planteó este martes Unidos Podemos, y también pueden aislar políticamente al PP. Esta última medida, defendida en numerosas ocasiones por la iniciativa Araba Sin Garoña, pasa por no acordar nada con la formación derechista. Dejar fuera de las negociaciones al PP hasta que no se decrete el cierre definitivo.

Esta opción, la más eficaz para evitar la reapertura, requiere del compromiso de todos los grupos. Requiere de la unión de toda la oposición. Algo difícil, ya que algunos partidos han demostrado que son capaces de vender barato su apoyo al Gobierno del PP. El PSOE y Ciudadanos, por ejemplo, no pusieron el cierre de Garoña como condición para permitir –por activa o por pasiva– la reelección de Rajoy. Y el PNV tampoco ha vinculado sus negociaciones en Madrid al futuro de la central.