La Fundación Sustrai Erakuntza ha pedido el desmantelamiento del segundo grupo de la central térmica de ciclo combinado de Castejón perteneciente a Elerebro (Eléctrica de la Ribra del Ebro SA). Esta empresa obtuvo en 2005 la autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas del Gobierno español para construir dicha central, pero once años después el Tribunal Supremo ha declarado nula aquella autorización, de forma definitiva.

La sentencia del Supremo ha llegado tras numerosos recursos judiciales interpuestos por un grupo de vecinos de Erribera, con el asesoramiento de la Fundación Sustrai Erakuntza.

En concreto, en este tiempo ha habido siete pleitos judiciales y otros tantos recursos administrativos, hasta que han conseguido que el Supremo declare nula la autorización para construir la central térmica porque incumplía la normativa ambiental vigente en aquella época. Este Tribunal reconoció, tal como denunciaban los vecinos, que la central no respetó las distancias mínimas con respecto al núcleo urbano, no estudió alternativas de emplazamiento, ni tuvo en cuenta los impactos en las zonas naturales protegidas de la zona (riberas, sotos del Ebro y Bardeak).

A pesar de que la sentencia del TS fue dictada en octubre del pasado año, la plataforma ciudadana ha tenido que pedir el cumplimiento de la misma, ya que ni la empresa ni ninguna administración «ha hecho nada para que la misma se cumpla». Así lo denunciaron ayer en rueda de prensa varios representantes de la Plataforma de la Ribera + Centrales No y de la Fundación Sustrai Erakuntza.

Desconexión de la red

Según informaron, esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha pedido al Ministerio de Industria que informe sobre el cumplimiento de la sentencia del TS, después de que los servicios jurídicos hayan instado a la «ejecución forzosa» de la misma.

En concreto, han solicitado la baja de la central en el Registro de productores de electricidad, tanto el estatal como el autonómico, y la desconexión del segundo grupo de la central de la red de transporte de energía. Además, han pedido el desmantelamiento de la central con el argumento de que «si el Ministerio de Industria le hubiera dicho a la empresa que la autorización era ilegal, no se hubiera construido esa central».