Colectivos sociales protestaron ayer en Bilbo contra la Ley de Seguridad Ciudadana, al tiempo que se celebraba el primer juicio en Bizkaia para recurrir una sanción por esta normativa. La afectada, Maribi Marañón, de Mujeres del Mundo, fue denunciada por participar en una protesta contra la propia «Ley Mordaza» el día en que entró en vigor, el 1 de julio del 2015.

Alrededor de medio centenar de personas pertenecientes a diferentes colectivos se concentraron ante el Palacio de Justicia de Bilbo, en un acto de condena por la aplicación de esta ley, con la que, según denunciaron, «se han producido 5.000 sanciones» en la CAV desde que entrara en vigor.

El portavoz de los colectivos, David González, criticó que «desde el primer día ya se produjeron sanciones contra personas que estaban expresando una posición política y una expresión de desacuerdo en la calle». Subrayó que, según los datos disponibles, «tan solo desde junio hasta noviembre se han abierto 1.500 expedientes» por esta ley, 691 en Gipuzkoa, 626 en Bizkaia y 161 en Araba. Además, valoró en 328.827 euros el importe total que han supuesto en los últimos meses estas sanciones, que en la mayoría de los casos oscilan entre 300 y 1.500 euros.

En esta línea, González añadió que Donostia es la ciudad que encabeza la clasificación con 189 multas, seguida de Bilbo con 160 y Gasteiz con 134. Según manifestó, «estos expedientes contravienen el llamamiento realizado por el Parlamento Vasco el 28 de junio del pasado año de no aplicar la Ley Mordaza», por lo que exigió al Departamento de Seguridad que cumpla el pronunciamiento de la Cámara y suspenda las 5.000 sanciones que ha incoado Lakua.

«Es evidente que hay partidos que dicen algunas cosas en Madrid, incluso algunas bonitas en el Parlamento de Gasteiz y, sin embargo, luego aplican importantes multas», declaró.

El portavoz de estos grupos sociales aludió a diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, en los que, dijo, «se señala el derecho de reunión como un derecho fundamental y básico de la libre expresión que no puede ser nunca motivo de sanción». Sin embargo, denunció, «en estos últimos años se ha sancionado a centenares de personas sabiendo que no existe base legal para ello, como ocurre en el caso de hoy», valoró David González, a las puertas del Palacio de Justicia de Bilbo.