El caso que ha merecido una sentencia tan tardía por parte del Tribunal de Estrasburgo parte de un incidente que tuvo lugar en el Parlamento macedonio el 24 de diciembre de 2012, cuando se expulsó del edificio a un grupo de periodistas a la fuerza mientras estaban retransmitiendo el debate parlamentario sobre los presupuestos del Estado del año siguiente. Los periodistas, respaldados por la Asociación de Periodistas de Macedonia, iniciaron procedimientos legales, alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, protegido tanto por la constitución de Macedonia, como por la Convención Europea de Derechos Humanos.

El caso acabó finalmente en el Tribunal Constitucional del país, que determinó que no se habían vulnerado los derechos de los periodistas. Llamado “El caso de Selmani y otros contra Macedonia” fue trasladado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde los solicitantes denunciaron dos infracciones que se incluyen en la Convención Europea de Derechos Humanos. Por un lado, el Artículo 6, que garantiza un juicio justo y el Artículo 10, que protege la libertad de expresión.

El pasado 9 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió su veredicto, dando la razón a los denunciantes y en su dictamen, el tribunal afirmaba que «el Gobierno no logró explicar de un modo convincente que la expulsión de los denunciantes de la sala era necesaria en una sociedad democrática y cumplía el requisito de necesidad social apremiante».

Aunque los motivos alegados por el Tribunal Constitucional eran relevantes, «no pueden ser considerados suficientes, en las circunstancias dadas, para justificar la expulsión de los denunciados de la sala».

Hungría

Un episodio muy similar aconteció en Hungría donde la Unión Húngara por las Libertades Civiles acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de seis periodistas a los que se les había impedido la entrada al Parlamento húngaro. En este caso,  se vetó el acceso al edificio a la prensa húngara por dictamen del presidente del Parlamento, supuestamente porque habían estado haciendo grabaciones de vídeo.

La Unión Húngara por las Libertades Civiles ha señalado en este sentido que en una sociedad democrática es inaceptable que la legislatura restrinja las grabaciones de vídeo sin revelar la causa real detrás de esta medida.