El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer un nuevo decreto migratorio que restringe la emisión de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen –la nueva versión excluye a Irak–, y prohíbe la entrada a territorio estadounidense durante 120 días de refugiados de todo el mundo. Se trata de una versión revisada del primer decreto que prohibía la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y que fue suspendida por los tribunales.

No obstante, los ciudadanos de estos seis países que tuvieran un permiso de residencia o un visado válido emitido antes de las 17.00, hora local, del 27 de enero, fecha en la que se publicó el primer veto migratorio, podrán entrar en EEUU.

El texto, según indicó Kellyanne Conway, asesora especial de Trump, entrará en vigor el 16 de marzo. En esta nueva versión, Irak no está dentro de los países afectados. «Irak ya no está en la lista a causa de sus mejoras en los procedimientos de verificación y de sus medidas de transmisión de información», dijo.

Tampoco afectará a los ciudadanos que poseen la tarjeta de residente permanente («green card»), un permiso que permite a los extranjeros trabajar en el país y solicitar la ciudadanía.

En el decreto original, Trump suspendía la entrada de todos los refugiados por 120 días, pero ese plazo era indefinido para aquellos provenientes de Siria.

Trump ha eliminado cualquier referencia a los cristianos. En la anterior orden establecía que los cristianos sirios podían entrar a EEUU, pero prohibía la entrada de forma indefinida del resto de refugiados de ese país con otras creencias religiosas.

Para justificar esta segunda normativa, el Gobierno reveló que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investiga actualmente a 300 refugiados por posibles «actividades terroristas».

En una comparecencia junto a los titulares de Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Nacional, John Kelly, y en la que no admitieron preguntas, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, dijo que «la orden ejecutiva firmada por el presidente para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional» y pidió a sus aliados que «entiendan» que es un esfuerzo «temporal» para reforzar los controles migratorios.

Los líderes demócratas del Congreso de EEUU, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, reprobaron el nuevo veto e insistieron en que igualmente se trata de «una prohibición» discriminatoria, aunque esté «diluida». «A pesar de los cambios de la Administración, esta peligrosa orden ejecutiva socava nuestra seguridad. Es más, resulta mezquina y antiestadounidense. Debe ser derogada», indicó Schumer.

Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes, aseguró que «el cambio de envoltorio» sobre el polémico decreto «no ha hecho nada para cambiar los objetivos inmorales, inconstitucionales y peligrosos de su prohibición a los musulmanes y los refugiados».

El anuncio del nuevo decreto ayuda al Gobierno a desviar la atención del más reciente escándalo político, que estalló el sábado cuando Trump acusó a su antecesor, Barack Obama, de ordenar la intervención de los teléfonos de sus oficinas en Nueva York durante la campaña electoral. De acuerdo con los rotativos “The Washington Post” y “The New York Times”, la denuncia de Trump es tan explosiva que el director del FBI, James Comey, ha solicitado al Departamento de Justicia que tome el inédito paso de emitir una nota rebatiendo la acusación.