Siempre advirtieron que desobedecer al Reino de España tendría consecuencias. En Euskal Herria nos consta la falta de escrúpulos de un estado postfranquista heredero de su matriz franquista, de la que desciende «de la ley a la ley», por recurrir a la expresión de uno de los autores intelectuales de la idolatrada transición.

Y hablando de artífices de aquella farsa, estalla ahora la «noticia» de una presunta implicación de Miquel Roca en la trama de corrupción sistémica en la Catalunya del régimen del 78. Sistémica, sí, porque esto tiene mucho que ver con las complicidades y repartos de beneficios que hicieron posible aquella transición, y nada con la voluntad independentista de la sociedad catalana.

Quieren hacernos creer que la apuesta soberanista de buena parte de quienes en el pasado formaban CiU es sólo una cortina de humo para eludir responsabilidades por el cobro ilegal de comisiones. Puestos a especular sobre las mejores estrategias para garantizar la impunidad de aquellas tramas, ¿se habría sabido todo esto si CiU siguiera siendo un agente político fiel al régimen del 78? ¿No habría sido precisamente esa la mejor manera de prolongar la impunidad? En el caso de Banca Catalana se optó por esconder la basura debajo de la alfombra, como ha confesado Cebrián, otro individuo clave en el entramado de la transición: «se me pidió que dejara de publicar las informaciones y así lo hice».

No se trata de cuestionar la implicación de ciertas élites económicas, mediáticas y políticas catalanas en las tramas corruptas, sino de situarlas en su contexto de prácticas de estado, cuya visibilidad e impunidad depende de la correlación de fuerzas y las apuestas dominantes en ese estado en cada momento concreto. En definitiva, lo que todo esto indica es que existen cada vez más razones para romper con ese estado y apostar por la independencia.