No debemos tener claro los habitantes de Gipuzkoa lo que significa la sentencia sobre el swap que se hizo pública la semana pasada, porque los firmantes de aquel desastre y actuales gestores de la Diputación se han lanzado a hacer demagogia con el asunto: que si con ese dinero se podría atender a 7.300 menores desprotegidos; que se podrían construir tres hospitales de subagudos como el de Eibar, etc. Un desastre, vamos.

Pero el mismo tipo de comparaciones se pueden hacer con el gasto que supone el actual proyecto de incineradora. Gipuzkoa pagará a la empresa concesionaria anualmente durante 35 años un canon de más de 20 millones de euros. Con ese dinero se podrían hacer no tres hospitales de subagudos, sino 35; es decir, que todas las poblaciones de Gipuzkoa de más de 5.000 habitantes tendrían su hospital de subagudos. Ahí es nada.

Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención ha sido la filtración de que los actuales gestores de la cosa pública estén pensando no recurrir «por coherencia». Al principio sorprende, pero enseguida uno cae en la cuenta de que tiene sentido. Un contrato suele tener obligaciones que cumplir. Puede resultar dudoso si se han ejecutado correctamente los compromisos o no, por lo que suele ser normal recurrir a los jueces. Sin embargo, un regalo es un don sin contrapartida alguna, se entrega sin exigencias; no hay contrato que cumplir, ni compensación que reclamar.

Aquel contrato con nombre exótico que firmaron en 2011 fue y es precisamente eso: un regalo del PNV a la banca. Eso sí, pagado a escote por todas y todos los guipuzcoanos. Todo un detalle Sr. Markel Olano.