«Es un debate estéril buscar cuál es el porcentaje de fraude del que habla el Gobierno vasco, porque solo es el que localiza, y además hay situaciones de abuso que no están contabilizadas». Así se pronunció ayer el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, que volvió a comparecer ante los medios de comunicación para reclamar que se endurezcan los requisitos de acceso a las ayudas sociales.

Y lo hizo acompañado por la portavoz de la formación derechista en el Ayuntamiento de Gasteiz, Leticia Comerón, que alertó del «efecto llamada» que podría tener la nueva ordenanza municipal de prestaciones sociales. Se limitó a hablar de tres informes del Ayuntamiento que asocian la llegada de personas migrantes con las ayudas sociales, y rehusó dar un dato numérico sobre los casos de fraude.

Los dos políticos se parapetaron en la percepción de la ciudadanía y en la información publicada por determinados medios. «Hay situaciones de abuso que están dentro de la legalidad. Las personas que han sido condenadas por yihadismo han estado cobrando la RGI de acuerdo a la norma, porque la falta de control lo permite. Preguntad en la calle si es conveniente que se incluya en los porcentajes del Gobierno vasco a las personas condenadas por yihadismo», señaló Maroto, que en el año 2014, cuando era alcalde de Gasteiz, acusó a los magrebíes de «venir a vivir de las ayudas sociales».

Además, apoyó la creación de la plataforma Ayudas+Justas, que impulsó una ILP fallida que tenía por objeto dejar fuera de la RGI a las personas en situación irregular, aumentar a cinco años el requisito de empadronamiento y dejar sin ayudas a quienes tuvieran antecedentes por «terrorismo», delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio o la reiteración de la falta de hurto. No se incluían los casos de fraude fiscal o en otras ayudas como el cometido por el primer portavoz de la plataforma, Patxi Gómez.

Ahora en el Ayuntamiento

Aquella ILP tenía por objeto modificar las ayudas gestionadas por Lakua, y ahora el PP quiere endurecer los requisitos recogidos en la nueva ordenanza de prestaciones sociales, que comenzará a tramitarse a partir del próximo lunes. Comerón propone reducir a 750 euros la cuantía máxima de estas ayudas y aumentar a 1 año el requisito de empadronamiento.

«Es una RGI vitoriana», afirmó la edil, que acusó al Gabinete de Gorka Urtaran de «estar más preocupado de los que pueden llegar que de los que viven aquí». En este sentido, cabe destacar que ayer Leticia Comerón diferenció entre «las familias de aquí» y el resto de los vecinos y vecinas de Gasteiz. «Queremos un sistema justo con control que elimine el efecto llamada», manifestó.